Las principales asociaciones de jueces expresaron este miércoles su "máximo respeto" a la decisión del Tribunal Supremo, hecha pública esta mañana, que aumenta de dos a diez años la inhabilitación impuesta al que fuera juez de familia en Murcia, Fernando Ferrín Calamita, por retrasar el trámite de adopción de una menor por parte de la esposa de la madre biológica de la pequeña.
El Supremo considera que la actuación del juez constituyó un delito de prevaricación, en contra de la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) que condenó a Calamita a una pena de dos años, tres meses y un día de inhabilitación por un delito de retardo malicioso en la tramitación del expediente de adopción.
Así, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, señaló que el Supremo ha considerado que la sanción del tribunal de Murcia "fue correcta aunque insuficiente". García confió en "el recto y alto criterio que caracteriza" al Supremo y no duda de que "la decisión es desde el punto de vista jurídico la más correcta".
