La Oficina del Defensor del Pueblo ha asegurado este miércoles en un comunicado que "comparte plenamente" la doctrina establecida ayer por el Tribunal Supremo en una sentencia con la que abre la vía para que los ciudadanos puedan pedir una indemnización por el mal funcionamiento de esta institución.
En la resolución del pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal se establece que las actuaciones del Defensor del Pueblo pueden dar lugar a la declaración de la responsabilidad patrimonial del Estado y que es el Consejo de Ministros el que debe resolver las reclamaciones que se presenten.
En el comunicado, el Defensor del Pueblo asegura que comparte la doctrina del Supremo, "ya que no pueden existir ámbitos públicos exentos de responsabilidad", y dice que la sentencia "viene a suplir la ausencia de previsiones normativas concretas para el supuesto de reclamación de responsabilidad patrimonial del Defensor del Pueblo en el ejercicio de su actividad".
