La jueza del Juzgado de Primera Instancia número 11, Pilar Pala, ha suspendido de momento la ejecución de unas costas que ascendían a 400.000 euros que la familia con un hijo en coma desde hace 20 años a causa de una operación estética estaba obligada a pagar por la imposición de otra jueza, ahora implicada en el caso y, por tanto, recusada.
La familia de Antonio Meño, el joven en coma, lleva cuatro meses viviendo en la calle, en plena plaza de Jacinto de Benavente, frente a una de las dependencias del Ministerio de Justicia. Denuncian, por un lado, que la Administración le ha quitado la razón cuando existen pruebas de que su hijo está en ese estado por una negligencia médica y que, además, ahora, tenían que pagar las costas de los juicios.
Con bastantes frentes abiertos, la última novedad del caso era que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había admitido a trámite la demanda de responsabilidad civil interpuesta contra cuatro jueces que rechazaron en su día la denuncia de la familia por este error médico. Frente a ello, una de las magistradas denunciadas insistió en seguir con la ejecución de las costas pasándole el tema a una jueza sustituta.
