El pasado 31 de enero, la Intervención del Ayuntamiento de Madrid comunicaba al Ministerio de Hacienda el cumplimiento de la regla de gasto en el ejercicio 2018, lo que supondrá, una vez que se presente la liquidación, el cumplimiento del Plan Económico-Financiero (PEF) 2017-2018. En consecuencia, Madrid afrontará por fin 2019 sin las ataduras del pasado.
En efecto, desde que en 2011 se constatara que el ejercicio 2010 se había cerrado con un déficit superior a los 754 millones, la ciudad de Madrid ha soportado una tutela ministerial muy intensa, que ha mermado su ya de por sí reducida autonomía financiera. El proceso de saneamiento financiero que ha tenido lugar durante estos últimos años ha concluido en que las cifras del ejercicio 2018 nada tienen que ver con el déficit de más de 754 millones de 2010 ni con la deuda de casi 8.000 millones de euros de 2012.
Bien al contrario, a falta de datos definitivos, que pudieran alterar ligeramente las cifras, se ha cerrado 2018 con un superávit (capacidad de financiación) de 1.064 millones de euros, algo superior a la cifra de 2017 (1.057 millones de euros). Esto coloca a la ciudad de Madrid como la entidad local con el mayor superávit de toda España. Así pues, no hay ya duda alguna acerca de la estabilidad presupuestaria del municipio.
En cuanto al endeudamiento de nuestra ciudad, la situación ha cambiado completamente en los últimos años. Cuando en 2015 Manuela Carmena se convirtió en alcaldesa de Madrid se encontró con que el ejercicio anterior se había cerrado con una deuda consolidada que ascendía a 5.936 millones de euros. Finalizado 2018, la deuda viva es de 2.703 millones, o sea, un 54% menor. Reducir el endeudamiento de la capital a la mitad es una buena noticia para este equipo de Gobierno, pero sobre todo lo es para la ciudadanía en su conjunto, ya que coloca al Ayuntamiento en una situación inmejorable para afrontar los retos que un posible cambio de ciclo económico pueda presentar. Algunas personas mal informadas, o mal intencionadas, a veces sostienen que esta espectacular reducción no es sino la consecuencia automática de la aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Sin embargo, esta afirmación se desmonta con gran facilidad: también la Comunidad de Madrid está sometida a la referida ley y, sin embargo, ha elevado su deuda en más de un 30% en el mismo período. Luego lo importante no es tanto el texto de la norma, sino la gestión que se hace de los caudales públicos.
De hecho, le pese a quien le pese, la realidad de los datos es muy contundente: la gestión económica de Manuela Carmena se resume en un aumento de la inversión ejecutada por encima del 58%, una subida del gasto social de más del 70%, una bajada del tipo impositivo del IBI y un superávit que supera los 1.000 millones de euros. Ante este éxito económico irrefutable, ya nadie más podrá decir que las fuerzas progresistas no saben gestionar el dinero público.
El balance es muy positivo pero, una vez que ya hemos saneado el Ayuntamiento, ahora es necesario que nos dejen hacer más y eso pasa, necesariamente, por la revisión de la regla de gasto. En efecto, durante estos años la única vía que hemos tenido para destinar nuestro gran superávit a la realización de nuevos proyectos han sido las inversiones financieramente sostenibles (IFS). Es cierto que hemos utilizado esta vía más y mejor que nadie, tal y como avalan los datos objetivos: acaba de publicar el Ministerio de Hacienda que más del 25% de todas las IFS que se hicieron en España en 2017 fueron acometidas por nuestra ciudad; además, hemos cerrado 2018 con una ejecución de IFS por encima de los 271 millones de euros, lo que supone multiplicar por nueve lo realizado en el último ejercicio cerrado por el anterior equipo de Gobierno.
Sin embargo, la vía de las IFS no es eficiente, porque implica una intrincada gestión presupuestaria, que alarga innecesariamente los trámites para su aprobación y, lo que es más importante, dificulta la realización de grandes proyectos, toda vez que impide acometer inversiones que tengan un plazo de ejecución superior a los doce meses.
Por tanto, le pedimos al Partido Popular y a Ciudadanos que dejen de obstruir la tramitación parlamentaria de la reforma de la regla de gasto, de forma que, por fin, consigamos una normativa que permita a los ayuntamientos saneados llevar a cabo todas las inversiones que necesitan nuestros vecinos. Si nos dejan, podemos hacerlo aún mejor.