Las grandes empresas tecnológicas -como Apple, Amazon, Facebook y Google- se propusieron explícitamente alterar gran parte del statu quo industrial y social del mundo. Tuvieron (sospecho) mucho más éxito del que jamás soñaron, y probablemente más de lo que algunos de sus fundadores hubieran deseado, en vista de los efectos nocivos que las redes sociales han tenido en las elecciones democráticas.
En vista de la escala y el alcance del impacto de estas empresas en nuestras sociedades, no sorprende que inspiren a la vez esperanza y temor en la conciencia pública.
El cambio tecnológico acelerado y la globalización restaron eficacia a las herramientas regulatorias tradicionales, y la política de defensa de la competencia quedó rezagada. Para desmantelar monopolios y regular servicios públicos es necesario identificar componentes esenciales o que suponen una restricción permanente de la competencia (como el circuito local de conexión en el caso de las telecomunicaciones, las vías y la estación en el caso de los ferrocarriles, o la red de transmisión en el caso de la electricidad). En un mundo de empresas globales sin ninguna autoridad reguladora supranacional, la regulación exige una contabilidad detallada. Y demanda seguir a las empresas a lo largo de todo su ciclo de vida para medir la rentabilidad del capital (una tarea imposible).
Tenemos que idear políticas más ágiles, por ejemplo mecanismos de solicitud de revisión regulatoria anticipada (business review letter) que permitan a las empresas introducir nuevas prácticas con cierta seguridad jurídica mientras respeten las condiciones fijadas por las autoridades, o entornos regulatorios protegidos (sandbox) donde puedan poner a prueba nuevos modelos de negocios en un contexto "seguro". Los reguladores y los economistas deben ser humildes, ya que aprenderán con la práctica, y no deben instituir políticas de una vez y para siempre.
En cuanto a la legislación laboral, está claro que en su forma actual no se adapta bien a la era digital. Los códigos laborales de casi todos los países desarrollados se concibieron hace décadas, pensando en el obrero fabril; de modo que prestan poca atención a los contratos laborales temporales, y menos aún a teletrabajadores, contratistas independientes, freelancers o estudiantes y jubilados que trabajan a tiempo parcial como conductores de Uber.
Hay que pasar de una cultura centrada en el seguimiento de la presencia de los trabajadores a otra cultura centrada en el seguimiento de sus resultados. Ya hay muchos asalariados (especialmente profesionales) cuya presencia física en un lugar de trabajo es una consideración secundaria (y cuyo esfuerzo, en todo caso, sería bastante difícil de controlar). Confrontados con las tendencias actuales del mercado laboral, a menudo los legisladores tratan de encajar las nuevas formas de empleo en los moldes antiguos. ¿Es un conductor de Uber un "empleado" o no? Algunos dicen que sí, porque no puede negociar precios y debe cumplir ciertos requisitos de capacitación y condiciones del vehículo, entre ellas la limpieza. Y en particular, Uber se reserva el derecho de finalizar la relación con chóferes que reciban bajas calificaciones.
Otros sostienen que los conductores de Uber no son empleados. Al fin y al cabo, son libres de decidir cuándo, dónde y cuánto trabajar. Hay chóferes que obtienen todos sus ingresos con Uber; otros que también conducen para otras plataformas de pedido de autos, o que paralelamente trabajan a tiempo parcial en un restaurante. Y como los contratistas independientes, asumen sus propios riesgos económicos.
Además, hay restricciones que se aplican a muchos trabajadores autoempleados cuya libertad de elección está limitada por la necesidad de proteger una reputación colectiva (por ejemplo, la de una profesión o marca). En muchos países, los médicos independientes no son empleados, pero no pueden decidir sus precios, y deben seguir reglas específicas para no perder la acreditación. Hasta un vitivinicultor independiente debe respetar normas de certificación regional.
Lamentablemente, aunque el estatuto de los conductores de Uber y otros trabajadores de plataformas es discutible, la discusión no está yendo a ninguna parte. Cualquier categorización que se elija será arbitraria, y sin duda cada uno la interpretará de manera positiva o negativa según sus prejuicios personales o su predisposición ideológica en relación con las nuevas formas de trabajo. En cualquier caso, la discusión pierde de vista la razón por la que se categorizan las formas de empleo en primer lugar: para proveer al bienestar de los trabajadores.
De cara al futuro, la prioridad debería ser asegurar la neutralidad competitiva: que haya igualdad de condiciones entre el empleo asalariado y el autoempleo. El Estado debe promover el derecho de los trabajadores de plataformas a la atención médica y a la seguridad social. Al mismo tiempo, debe evitar políticas que vuelvan inviables las plataformas digitales, aunque puedan resultar extrañas y disruptivas.
También se necesitan avances en lo referido a impedir que empresas y gobiernos sigan entrometiéndose en la vida privada de los consumidores. Es bien sabido -aunque no por todos- que estas entidades recolectan grandes cantidades de información sobre la gente. Pero incluso quienes son conscientes de esto suelen ignorar la escala real de estos procesos o sus consecuencias.
Básicamente, tenemos menos control sobre la información que reúnen las empresas y los gobiernos de lo que pensamos. Por ejemplo, una empresa puede obtener y almacenar información sobre personas que no usan su plataforma, o que ni siquiera usan Internet, por lo que publican otras personas (e-mails, fotos o comentarios en redes sociales). Además, las plataformas no invierten suficiente en seguridad, ya que sólo internalizan las consecuencias de eventuales filtraciones sobre sus ganancias, pero no sobre sus clientes.
Debería preocuparnos la aparente pérdida del derecho al olvido, un principio básico de muchos sistemas legales. Debería preocuparnos el posible quiebre de la solidaridad sanitaria, así como la divulgación de información personal potencialmente delicada (religión, política, sexualidad) en ámbitos divisivos. Y debería preocuparnos la vigilancia estatal a gran escala.
El Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea es sólo un primer paso, pequeño, en la dirección de protegernos de esas amenazas. Se necesitan también otras medidas, entre ellas la creación de un conjunto de políticas estándar comprensibles para todos (la regulación estatal es compatible con el "paternalismo libertario").
Finalmente, como Internet no tiene fronteras (lo cual en general es bueno), los países tendrán que cooperar cada vez más en materia tributaria; por un lado, para evitar una competencia impositiva entre ellos; por el otro, para aprovechar como fuente de ingresos este inmenso sector de la economía. Un modelo promisorio en ese sentido es el acuerdo de 2015 para poner fin a la competencia impositiva en el ámbito del comercio electrónico dentro de la Unión Europea.
En concreto, la nueva política de la UE autoriza a cobrar el impuesto al valor agregado sobre las compras electrónicas en el país del comprador (con el régimen anterior se cobraba en el país del proveedor). Con esto las empresas tienen menos incentivos para radicarse en países donde el IVA es bajo o para buscar consumidores allí donde es alto.
El nuevo sistema demostró ser una respuesta regulatoria satisfactoria para modelos de negocios como el de Amazon, donde se le cobra a cada consumidor por separado. Pero no resuelve el problema de plataformas como Google, que técnicamente no vende nada a consumidores individuales británicos, daneses, franceses o alemanes, sino que les cobra a los anunciantes que luego les venden a los consumidores. Este problema es tema de debate entre los reguladores en las economías desarrolladas, porque en el caso de Google la base impositiva es mucho menos clara que en el caso de la venta de libros o música.
En resumen, la digitalización es una oportunidad maravillosa para nuestras sociedades; pero también crea peligros nuevos y amplifica otros. Para lograr una economía al servicio del bien común en este nuevo mundo, tenemos que encarar una gran variedad de desafíos que incluyen desde la confianza pública y la solidaridad social hasta la propiedad de los datos y los efectos de la difusión de la tecnología. El éxito dependerá, en particular, de que podamos elaborar nuevas estrategias viables en las áreas de defensa de la competencia, legislación laboral, privacidad y tributación.
© Project Syndicate
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