El bitcoin se ha subido a una mareante montaña rusa. Desde el ministro de Economía, Luis de Guindos, hasta el inversor Warren Buffet, son muchos los expertos que han advertido de sus peligros y los vaivenes de su cotización, que podrían hacer presagiar el estallido de una burbuja virtual. Los últimos organismos en sumarse a las voces de alerta han sido la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España, desde donde han avisado de que en estas inversiones existe un alto riesgo de pérdida o fraude.
Las criptodivisas no han hecho más que romper el cascarón. Es previsible que sirvan para abrir una puerta a un mundo nuevo en el que la financiación de proyectos tecnológicos se moverá, fundamentalmente, a través de emisiones de divisas virtuales en procesos denominados ICOs (Initial Coin Offerings) que mediante plataformas de crowdfunding dotarán de liquidez a emprendedores. Lo cierto es que en la actualidad existen más de un millar de criptomonedas.
Pero todas ellas se mueven en un ecosistema común: el blockchain, una compleja base de datos que está en manos de los propios usuarios, quienes en último término son los tenedores de una parte limitada de la información que contienen las transacciones realizadas, pues estas se hacen a través de una red descentralizada peer to peer.
La invulnerabilidad del blockchain, y su opacidad, ha dado pábulo a que las criptomonedas se conviertan en refugio de ciberdelincuentes. Sin embargo, las prácticas fraudulentas no deben servir para desacreditar su tecnología, ni para demonizarlas por el poco rastro que dejan sus transacciones. En cualquier caso, conviene diferenciar entre aquellas que simplemente persiguen convertirse en un medio de pago -Bitcoin, litecoin, digitalcoin-, y aquellas que buscan funcionalidades alternativas -Ethereum, BAT, etc…-, cuya tecnología puede permitir, por ejemplo, la ejecución de complejos contratos online. Pero el bitcoin está perdiendo terreno frente a sus competidores y únicamente representa el 34 por ciento de la capitalización del mercado. Aún así, sus fluctuaciones la han puesto en el foco mediático.
A pesar de los varapalos que ha sufrido en algunas sesiones, ha generado increíbles beneficios a quienes llegaron los primeros. En todo caso, no se puede perder de vista la gran volatilidad de las inversiones en criptomoneda, que pueden infligir importantes pérdidas a aquellos inversores que no sean conscientes de los riesgos que asumen.
Las autoridades fiscales de los estados no han sido ajenas al crecimiento del mercado de criptodivisas. Las españolas ya tienen acuñada una doctrina bastante sólida y consolidada sobre el tratamiento fiscal de algunos de los operadores de este nuevo mercado. La Dirección General de Tributos ya se ha pronunciado sobre la comercialización de criptomonedas a través de cajeros o máquinas de vending, concibiendo ambas como operaciones exentas de IVA, al considerar el bitcoin como un 'medio de pago', aunque a dichas operaciones no se les deben aplicar las limitaciones que operan sobre pagos en efectivo para importes iguales o superiores a los 2.500 euros.
Por otra parte, a priori las criptodivisas no deberán informarse en el modelo 720. Es más, ni siquiera deberían incluirse en esta declaración las cantidades disponibles a la vista en euros o en otras divisas que se encontraran en los exchanges o casas de cambio, en la medida en que estos no son entidades financieras. Los sujetos obligados a presentar la declaración del Impuesto sobre Patrimonio tendrán que incluir el valor de las criptomonedas de las que sean propietarios al cierre del ejercicio.
Por ello, al igual que la fiscalidad de las criptomonedas es uno de los objetivos del Plan de Control Tributario para 2018, las autoridades fiscales de los países de nuestro entorno están dando pasos en la misma dirección, lo que ratifica que estamos ante una nueva realidad social y económica.
