Tirios y troyanos parecen hoy de acuerdo en que hay que "revisar" la Constitución de 1978 pero, salvo raras excepciones (Rubalcaba, por ejemplo) no dicen qué es lo que pretenden cambiar. Porque una cosa es rectificar, por ejemplo el Título VIII (para hacerlo primero inteligible y luego clarificador) y otra muy distinta entrar a saco en el Título Preliminar o en el Título I.
Lo primero que habría de hacerse en una discusión de este calado es distinguir (como hacen los norteamericanos) entre enmienda (una corrección o añadido parcial) y una nueva revisión o nueva redacción, que afectaría a partes sustantivas de la Constitución.
Conviene a este respecto recordar lo que dice el artículo 168 de la propia Constitución: Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación.
En los artículos protegidos por el 168 están buena parte de nuestros derechos y la definición del Estado, es decir, de la Democracia española que los ciudadanos votamos masivamente el 6 de diciembre de 1978. Y no vale decir que una parte de la población española no tenía derecho a votar aquel 6 de diciembre (entre otras cosas porque no había nacido). Con este argumento habría que revisar todas las constituciones cada veinticinco años, cosa que sólo los "adanistas" pueden defender. A ver si nos enteramos de una vez: la estabilidad jurídica es un bien y no un mal. Pero volvamos al contenido del 168.
Así, por ejemplo, el Título Preliminar dice: "La soberanía nacional reside en el pueblo español"; "la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria", también que "la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española" y algo que los separatistas olvidan sistemáticamente: "El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla". En este maremágnum de "revisionistas" todos parecen olvidar ese artículo 168, e incluso alguno, más imaginativo que los demás, ha dicho que con eliminar ese artículo 168 se podrían hacer mangas y capirotes de los derechos y deberes que ese "molesto" artículo protege.
Me temo que detrás de todo este afán reformador están dos populismos: el separatista y el de los "indignados", es decir, el podemita. Ambos persiguen lo mismo: acabar con el pacto constitucional. Pues bien, si esos cambios constitucionales quieren apaciguar a los separatistas, mal vamos.
Cambiar la Constitución para darles gusto a los separatistas que acaban de perpetrar un auténtico golpe de Estado sería un disparate político que sólo incitaría a "repetir la jugada". Dicho cambio, caso de abordarse, debería servir para todo lo contrario. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, reformando el hoy confuso Título VIII o las normas electorales que les dan ventajas muy injustas a los partidos nacionalistas.
Los segundos pretenden acabar con la "casta del 78". A este respecto convendría recordarles un par de verdades bien contrastadas: 1) La democracia es representativa o no es democracia. ¿Y qué quiere decir representativa? Pues que al votar delegamos en nuestros representantes (en España esa delegación dura cuatro años); 2) Las votaciones no se hacen a mano alzada, sino en urnas, es decir, que el voto es universal (con censo de por medio), directo (va uno mismo a votar) y secreto (nada de manitas en alto).
Si los "indignados" admiten esto, entonces sí podemos hablar con ellos de otras cosas, y si no lo admiten, pues no.
Hablemos de cosas concretas y no de abstracciones, terreno en el cual todo el mundo es bueno. Por si les son útiles, les daré un par de ideas en forma de mensaje dirigido al Parlamento (ése que sí nos representa). Una: saquen ustedes la mano de la Justicia. No más nombramientos parlamentarios de jueces y de magistrados; dos: hagan una ley de partidos, y, si les parece, introduzcan de forma obligatoria el sistema de primarias americano y obliguen de una vez a los partidos a que elijan a sus candidatos por "mérito y capacidad" y no por caer bien a los jefes, que, por cierto, siempre son tan arbitrarios como transitorios.
Como todo en la vida, la actual Constitución española tiene defectos, pero ha servido para darnos una convivencia en paz y unos derechos que muy pocas veces habían tenido los españoles.
Naturalmente que se puede y se debe cambiar, pero no para darles gusto a quienes quieren destruir la unidad de España y salirse, de paso, de la UE. Ni tampoco a quienes, aparte de "indignarse", quieren traer a España modelos tan amables como el de la Venezuela de Maduro, la Argentina de los Kirchner o la Cuba de los Castro.
