El desafío independentista de Cataluña representa la mayor crisis política, institucional y territorial que ha experimentado España en 40 años de pseudodemocracia. A esta triple crisis podría unírsele otra de perfil económico, que está surgiendo como una inevitable consecuencia de las anteriores.
De hecho, los principales fondos de inversión, bancos, empresas financieras, etc., de ámbito internacional han recomendado a sus clientes no invertir en Cataluña. Ni tampoco en España...
Aunque, con independencia de las negativas repercusiones económicas, este órdago lanzado por los partidos independentistas catalanes certifica la defunción del fracasado Estado de las Autonomías.
Y, por ende, el fallecimiento de nuestro actual sistema político, derivado de la Constitución de 1978. Si bien es cierto, que este régimen se encontraba moribundo desde el atentado terrorista del 11M e, igualmente, desde el pacto de Zapatero con ETA.
El efecto dominó de las autonomías
Una hipotética independencia de Cataluña se convertiría en un referente que con total seguridad sería aprovechado por otras autonomías, tales como la vasca, al objeto de lograr su propia independencia.
Indudablemente y en virtud de un efecto dominó de carácter autonómico, existen en España más comunidades autónomas que se independizarían igualmente y de forma progresiva. Por ejemplo, Navarra, que sería anexionada por el País Vasco, Valencia, Baleares, etc.
Se trata de un entorno político propio de un país, todavía denominado España, cuyo Estado se ha empequeñecido a base de reducir sus competencias a favor, sobre todo, de Cataluña y Vascongadas.
En base a lo anterior, la aplicación del Artículo 155 de la Constitución no solo podría evitar la independencia de Cataluña, sino también la desintegración total de España.
La declaración de independencia es el límite
A tal efecto y puesto que no ha tenido la valentía de aplicarlo antes, el Gobierno debe utilizar esta potente herramienta legal, amparada por nuestro Estado de Derecho, una vez sea declarada la independencia de Cataluña en el Parlamento catalán.
Una declaración que se producirá, según ha anunciado el presidente de la Generalidad Puigdemont, a finales de la primera semana de octubre o a primeros de la segunda. (El TC ha suspendido cautelarmente la declaración de Puigdemont en el Parlamento catalán, prevista para el lunes 9 de octubre, a través de cual tenía planificado proclamar la independencia de Cataluña).
Además, si el Artículo 155 se aplicara después de la declaración de la República independiente de Cataluña, el PSOE, que a pesar de su disimulada estrategia política se encuentra próximo a las tesis de Podemos y los separatistas, no tendría más remedio que posicionarse a favor del Gobierno. Porque, de cualquier otra manera, quedaría al descubierto su actual antiespañolismo.
En cuanto a Ciudadanos, esta formación política, con buen criterio, ha recomendado de manera reciente al Gobierno que aplique el Artículo 155.
En este sentido, podría existir un obligado consenso entre estos tres partidos políticos, denominados constitucionalistas. No olvidemos que conseguir este consenso es vital para el presidente del Gobierno.
De todas formas, es un error estratégico del Gobierno del PP no tomar una decisión gubernamental, en este caso relativa a la aplicación del Artículo 155, hasta que el PSOE no se posicione a favor de la misma.
Máxime, sabiendo que existe la posibilidad de que un Frente Popular del SXXI, de perfil separatista e integrado por Podemos y el propio PSOE, presente una moción de censura para intentar desalojar a Rajoy del Palacio de la Moncloa.
En el hipotético caso que no se declarara la independencia de Cataluña, debido al miedo que a última hora están padeciendo los políticos separatistas, tanto en cuanto tal proclamación les conduciría directamente a la cárcel, o a la aparición de discrepancias entre los partidos separatistas, el Gobierno también debería aplicar el Artículo 155. Aunque solo contara para ello con el apoyo de Ciudadanos.
¿Rebelión civil de ilegales?
En contra de lo que auguran ciertas entidades financieras, por ejemplo el banco global Citi, no se organizará ninguna rebelión civil en el supuesto caso que el Artículo 155 se aplique con arreglo al Derecho y con todas sus consecuencias legales.
Sin embargo, aunque las organizaciones afines al movimiento independentista catalán organizaran una rebelión civil, a través de tumultos callejeros u otras estrategias de guerrilla urbana todavía más peligrosas, la ley debe prevalecer en un Estado Democrático de Derecho, como supuestamente es España.
Por tanto, la estrategia que debería planificar el Gobierno para desactivar al independentismo catalán debería centrarse en cinco focos principales: procesar a los políticos golpistas, tanto en cuanto han cometido un supuesto delito de sedición, entre otros muchos. Ilegalizar los partidos independentistas. Cerrar los adoctrinadores medios de comunicación que fomentan el odio a España. Devolver al Estado la competencia de anti educación, entre otras. Y disolver la traidora y antiespañola policía autonómica catalana, es decir, los ineficientes Mossos d´Esquadra, debido a que ha quedado acreditado, tras lo acontecido el 1-O, que este cuerpo policial ha actuado en calidad de colaborador necesario en el golpe de Estado.
La intervención de la autonomía no debería constituirse como un paso previo a la convocatoria de unas nuevas elecciones autonómicas en Cataluña. Puesto que, en todo caso y si se convocan unas elecciones, estas tendrían que ser de ámbito nacional.
Por el contrario, la aplicación del Artículo 155 debería tener como ulterior y principal objetivo la restauración del Estado de Derecho en la autonomía catalana.
Es harto complicado volver a restaurar el Estado de Derecho en Cataluña, una región en la que no se han respetado las leyes españolas en las últimas décadas e integrada por un porcentaje elevado de ciudadanos adoctrinados por el nacionalismo catalán.
Pero aceptar la independencia o dialogar con los políticos golpistas para negociar la celebración de un referéndum pactado u otorgar más competencias a esta autonomía, tal como proponen el PSOE, el PNV y Podemos, significaría la destrucción de España.
Aznar ilegalizó las marcas políticas de ETA
Recordemos que el Gobierno del PP, liderado por José María Aznar, asfixió económicamente a ETA e ilegalizó a las marcas políticas que representaban electoralmente a esta organización criminal.
Tras esta ilegalización, no solo no hubo una rebelión civil en el País Vasco sino que España progresó a todos los niveles, incluida la constitucionalmente privilegiada región vasca, experimentando con ello una de las etapas más pacíficas y prósperas de la historia de nuestro país.
PD: La Guardia Civil y la Policía Nacional están presentes en los corazones de todos los españoles de bien. Abandonados a su suerte por el Gobierno el 1-O, han demostrado una vez más su lealtad a España.
No queda más remedio que aplicar el Artículo 155. Esperemos que el honorable Ejército español esté respaldado por un eficaz plan gubernamental cuando tenga que desplazarse a Cataluña.
