La Comisión Europea (CE) ha dado a conocer este mes de septiembre una nueva agenda fiscal para la economía digital. El Mercado Único Digital en Europa es de gran importancia, al tratarse de un mercado de enorme volumen, que crece de forma muy rápida, a gran escala y en todos los estratos de consumidores y clientes. Es un acelerador del comercio internacional que traspasa fronteras y ha cambiado la idea del comercio tal y como se concebía hasta ahora, afectando a todos los negocios sin excepción: actividades como el comercio electrónico, plataformas online, economía colaborativa, sites de descargas, publicidad online, plataformas de pagos, Fintech, etc., son protagonizadas no sólo por las grandes compañías que nos vienen a la cabeza, sino también por muchas otras que se han subido al carro del ecommerce.
La CE afirma que en el periodo 2008-2016 los ingresos de los cinco mayores ecommerce retailers creció a un ritmo del 32% anual, mientras que el total del sector minorista lo hizo solo al 1%. Lejos de frenarse, la situación irá a más como consecuencia del perfil tecnológico del consumidor.
En este contexto, la CE sostiene que existe un problema fiscal respecto a los negocios digitales, ya que la tasa fiscal efectiva que se les aplica en la UE es inferior a la mitad de la de las compañías tradicionales e incluso, a menudo, muy inferior. Ello supone, en su opinión, que, por un lado, no haya un fair share en la tributación de este sector de empresas, por lo que debe actuarse para que todas las compañías puedan competir en la UE en igualdad de condiciones fiscales. Y, por otro y aún más grave, supone un verdadero problema en cuanto a la sostenibilidad de los ingresos fiscales de la Unión. Sin duda, se trata de afirmaciones de enorme calado.
La iniciativa no es sencilla, impacta en un sector global que puede elegir desde dónde actuar, de oferta volátil y cambiante, con fuentes de ingresos pendientes de consolidarse y con una marcada tendencia monopolista. Por ello, va a ser políticamente complejo, pero necesario, alcanzar un nivel de consenso, no solo en la UE sino a nivel global, mediante acuerdos multilaterales ya que, al tiempo que las iniciativas unilaterales de los diferentes países de la UE no son deseables, tampoco es concebible un modelo aplicable en la UE que no esté adaptado a lo que ocurre fuera de esta pequeña parcela del mundo.
La Comisión reconoce que "el marco fiscal actual no encaja con las nuevas realidades" de la economía digital, como son los activos intangibles, el uso del dato o realidades en ciernes como el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la robótica y automatización, o la realidad virtual. Por ello, plantea un posicionamiento ambicioso.
La idea central de este planteamiento es que los beneficios han de ser gravados donde se crea el valor y, para ello, ha de darse respuesta a dos cuestiones: el nexus, es decir, dónde se crea cuando la presencia es virtual y no física; y el value creation, es decir, la forma de medir la creación de valor en cada lugar. En este sentido, se someten a reflexión y negociación dos posibles escenarios.
Por un lado, un escenario a corto plazo consistente en tres medidas para actuar solo sobre ciertos servicios de forma moderada, puntual y complementaria (quick fixes): la ecualización fiscal del impuesto sobre beneficios basada en volúmenes de negocio, promovida activamente por España, Francia, Alemania e Italia, y que consistiría en introducir impuestos en los países donde se producen las ventas, en principio deducibles del impuesto sobre beneficios que grave a la empresa en el país de residencia u origen; el pago de impuesto en destino (ventas) vía retenciones en los pagos a proveedores no residentes de bienes o servicios online; y, finalmente, nuevos gravámenes que graven bien los ingresos materializados en cada territorio o, incluso, la realización de actividades publicitarias o de difusión por la red en cada lugar.
Por otro lado, se plantea un escenario a largo plazo, según el cual la CE trata de asentarse en los modelos que hasta el momento han operado en la coordinación de los sistemas fiscales a nivel internacional, y no en implantar cambios revolucionarios que los hagan saltar por los aires. Así, sobre la experiencia en el uso de los convenios de doble imposición, la literatura BEPS y las directivas de armonización fiscal en Europa, se habla de ajustar a esta nueva realidad cuestiones como las reglas de precios de transferencia y la incorporación a la cadena de valor de los activos intangibles, la definición de establecimiento permanente e, incluso, el desarrollo a nivel europeo de la normativa anti-abuso (ATAD) o, con especial optimismo, el proyecto de base imponible consolidada común (CCCTB).
El reto es mayúsculo y requiere, según reconoce la Comisión, una reforma fundamental de las normas fiscales internacionales.
Ojalá se dé con la tecla adecuada. Debe aprenderse de las experiencias pasadas en el sector, enfocadas erróneamente en muchos casos, bajo un enfoque estigmatizado de planificación fiscal agresiva, en vez de contempladas sencillamente como una nueva realidad que necesita ser bien regulada. Está en juego la competitividad de Europa.
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