La Generalitat está presionando a las empresas en las que participa accionarialmente para que tributen exclusivamente en la Hacienda catalana todos los impuestos. Se trata, en su mayor parte, de empresas públicas. Es decir, de empresas pertenecientes al sector público empresarial de la comunidad autónoma de Cataluña.
No obstante, la Generalitat también ha presionado a muchísimas empresas cuyo capital es privado y en las que también posee un paquete accionarial.
En concreto, el Gobierno de Cataluña ha comunicado a estas empresas que las mismas están obligadas a firmar un acuerdo con la Agencia Tributaria de Cataluña.
Todo ello, al objeto de tributar en esta comunidad autónoma los impuestos, incluidos los de ámbito estatal: retenciones del IRPF de los trabajadores, IVA e Impuesto de Sociedades.
El Ministerio de Hacienda avisó recientemente a todas las empresas, tanto públicas como privadas, en relación a las sanciones pecuniarias y también de índole penal que conlleva ingresar en la Agencia Tributaria Catalana los impuestos estatales.
Recordemos que la Generalitat se ha marcado como objetivo recaudar, en virtud del citado convenio y en el supuesto caso que se llegue a rubricar el mismo por parte de las empresas afectadas, 4.500 millones de euros anuales.
Aragón, el principal mercado de Cataluña
Las empresas privadas catalanas, tanto las que han recibido la comunicación de la Generalitat para que se adhieran al citado convenio como las que no han sido notificadas a tal efecto, están arriesgándose a sufrir un boicot masivo a sus productos en el resto de España.
Máxime, teniendo en cuenta que las cuentas de resultados de gran parte de las empresas catalanas tienen una alta dependencia de las demás autonomías. Sobre todo, de Aragón. Debido a que casi la mitad de las ventas de las empresas catalanas se realizan en la comunidad autónoma aragonesa.
De hecho, son pocas las empresas catalanas que podrían prescindir del mercado aragonés. Tanto es así, que si las empresas y las administraciones aragonesas decidieran estratégicamente cambiar a sus preferenciales proveedores catalanes por otros procedentes de otras regiones, multitud de empresas catalanas entrarían en números rojos en tiempo récord.
Sin duda, en el hipotético caso de que las empresas catalanas tributaran en Cataluña o, con mayor motivo, si se proclamase la República catalana, no sería sorprendente que una respuesta comercial de este tipo se llevase a cabo.
Otras comunidades autónomas cuyos mercados son muy importantes para las empresas catalanas son Valencia, País Vasco, Andalucía, Madrid, etc. Sin embargo, las ventas catalanas en estas autonomías no son comparables a las realizadas en Aragón.
Salida de la UE y del euro
Pero si se produjera la secesión de Cataluña, no terminarían en Aragón los problemas de las empresas catalanas. Puesto que, aunque las mismas consiguieran sobrevivir a un boicot aragonés a sus productos, tendrían igual de complicado refugiarse en las exportaciones, debido a que las condiciones en el mercado exterior cambiarían de manera desfavorable para ellas.
La independencia de Cataluña implicaría la salida de esta región de la UE y del euro, al convertirse en la República de Cataluña, un país independiente que tendría que solicitar el ingreso en la Unión Europea.
Este nuevo entorno político económico en el que deberían moverse las empresas catalanas aumentaría inevitablemente el precio de sus productos, con lo que se reduciría considerablemente el volumen de las exportaciones de las mismas.
Tanto en cuanto, los principales mercados de las empresas catalanas (después del mercado aragonés) se encuentran dentro de la UE y en la zona euro: Francia, Alemania e Italia.
Deslocalización empresarial
No olvidemos, además, que una parte relevante de las exportaciones de Cataluña, sobre todo las relativas a productos tecnológicos y de alto valor añadido, procede de filiales que determinadas multinacionales extranjeras y españolas han implantado en esta región.
Se trata, por tanto, de exportaciones catalanas pero cuyo origen no radica en empresas de Cataluña. Este perfil de empresas no podría sostener su negocio en una Cataluña independiente. Por tanto, la deslocalización sería una estrategia que pondrían en práctica estas empresas si la independencia se produjera.
El gran éxodo de empresas
De todas formas, el fenómeno de la deslocalización empresarial en Cataluña no es nuevo, sino que por el contrario, lleva muchísimos años produciéndose. Todo ello, en función de la altísima presión fiscal y el alto nivel de inseguridad jurídica existente en la región catalana. Entre otros muchos factores de índole estrictamente político.
Aproximadamente, 8.000 empresas han cambiado su domicilio social de Cataluña a otras regiones en los últimos 9 años. Siendo Madrid el destino preferido. Y, en menor medida, Aragón.
Abolir el régimen del 3%
Sin duda, y al margen de esta nueva provocación de la Generalitat, consistente en obligar a determinadas empresas a tributar en Cataluña aquellos impuestos que les corresponde recaudar al Estado, las empresas en Cataluña han vivido y siguen viviendo un auténtico infierno.
Porque la economía en esta autonomía está intervenida por la política independentista desarrollada por los diferentes gobiernos nacionalistas catalanes. Hecho que se ha producido en virtud de la dejación de funciones de los gobiernos nacionales de turno.
Y si bien es cierto que este entorno económico político, basado en la subvención pública, el clientelismo y las comisiones políticas, está presente en mayor o menor medida en todas las comunidades autónomas españolas.
No es menos cierto que Cataluña se ha convertido en el paradigma de la corrupción autonómica, en este caso, por obra y gracia de los partidos independentistas.
En consecuencia, el Gobierno español deberá utilizar todas las herramientas legales amparadas por nuestro Estado de Derecho, al objeto de abolir definitivamente el 'Régimen del 3%' en Cataluña. Y evitar, de la misma manera, que se reproduzca otro órdago secesionista similar en el futuro.
