La estrategia del diálogo, llevada a cabo fundamentalmente por la vicepresidenta del Gobierno, ha sido un colosal fracaso. El Parlamento catalán aprobó recientemente, de forma ilegal, tanto la Ley del Referéndum del 1-O como la Ley de Transitoriedad Jurídica de Cataluña.
Realmente, el Gobierno sabía que la política relativa al diálogo fracasaría. Sin embargo, el ejecutivo de Rajoy ejecutó la misma para no contrariar al "consenso socialdemócrata", impuesto por la progresista partitocracia española.
En función de los nefastos resultados cosechados, la mencionada estrategia no debería volver a ser puesta en práctica nunca más.
De igual manera, tampoco deberían repetirse los acuerdos realizados antes del comienzo de cada legislatura entre los partidos independentistas y el gobierno central de turno, y consistentes en la desaparición del Estado de Derecho en Cataluña a cambio del correspondiente apoyo electoral.
Ilegalizar partidos golpistas
Estas dos conclusiones debería tenerlas asimiladas el Gobierno del PP. Todo ello, al objeto de diseñar una estrategia global que pueda desactivar el independentismo en Cataluña de manera definitiva.
Es decir, ejecutar un plan que no solo sirva para anular el desafío secesionista actual, sino que pueda impedir además el resurgimiento futuro de un nuevo órdago independentista en Cataluña.
Por ende, el Gobierno, tanto si aplica el Artículo 155 como si opta por la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional o por la vía penal, tiene obligación de adoptar de manera posterior otras medidas complementarias. Tales como:
- Obligar a Cataluña a devolver al Estado determinadas competencias. Sobre todo, la de educación. No olvidemos que la Generalitat, en virtud de la Ley de Educación de Cataluña, una norma que ampara la inmersión lingüística, el adoctrinamiento y la tergiversación de la historia, lleva años desobedeciendo sentencias del TSJC, el TC y el TS.
- Modificar la ley electoral, al objeto que determinados partidos minoritarios y de perfil secesionista no puedan seguir decidiendo el destino de España.
- Impedir que los medios de comunicación autonómicos, financiados con los impuestos de todos los españoles, promocionen el independentismo catalán.
- Ilegalizar aquellos partidos políticos, por ejemplo, ERC, Junts Pel Sí, CUP, etc., cuyos idearios están basados en destruir España, no someterse al Estado de Derecho, no respetar la Constitución Española, etc.
Al respecto, es relevante señalar que determinadas democracias occidentales, tales como EEUU, Alemania, etc., mucho más avanzadas y consolidadas que la española, no admiten partidos políticos que tengan como objetivo destruir el Estado, desobedecer la Constitución, etc.
Principio de obediencia debida de los funcionarios
En este sentido, recordemos que ERC ha intentado engañar a los funcionarios catalanes (añadiendo con ello un episodio más a su terrorífica historia centrada en el odio a España), comunicándoles que el partido asumirá la responsabilidad de los "supuestos actos ilegales" que pudieran cometer al organizar el referéndum del 1-O.
Menos mal que aquellos funcionarios catalanes que hayan ganado las oposiciones legalmente, y por tanto no estén enchufados por los partidos independentistas catalanes, conocen el principio de obediencia debida.
El Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en su artículo 54, hace referencia a un principio de conducta, en concreto el número 3, que se puede aplicar a este caso:
"Los funcionarios públicos obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes".
Evidentemente, las sanciones, incluso de tipo penal, que la justicia debería imponer a los funcionarios que incumplieran este principio no las podría asumir ERC.
¿Antisolución política o contundencia legal?
El PSOE propone "reformar la CE para encajar Cataluña en España". Una reforma constitucional que, proyectada al estilo del PSC, sin duda otorgaría más competencias a la autonomía catalana y, en consecuencia, potenciaría el independentismo todavía más en el largo plazo.
No obstante, la mayoría de los españoles no está de acuerdo con el planteamiento de reforma de la CE propuesto por el PSOE-PSC. Pero, por el contrario, si se mostraría a favor de una solución legal contundente para vencer al independentismo catalán de forma definitiva (además de anular el órdago secesionista actual).
Es por ello que aplicar el Estado de Derecho en toda su extensión podría favorecer al partido del Gobierno. Incluso en clave electoral.
El Gobierno del PP se encuentra ante una oportunidad histórica de erradicar, quizás para siempre, el independentismo en Cataluña.
Aunque para conseguir tal objetivo, sería necesario otorgar mucha más fuerza al Estado y, de forma paralela, mucho menos poder a Cataluña (en forma, entre otras fórmulas, de devolución de competencias).
