La firma del acuerdo sobre la Oferta Pública de Empleo para 2017 entre el Gobierno y los sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas desempolvará, muy probablemente, el viejo debate en torno al número de funcionarios existentes en España y a la adecuación de su número y distribución a las necesidades del servicio público en nuestro país.
Sin embargo, es igualmente probable que ese debate omita algunos aspectos de capital importancia: por ejemplo, el de las competencias y habilidades necesarias para el efectivo desempeño de las funciones de los empleados públicos o el de la adecuación de los mecanismos de acceso y desarrollo de la carrera administrativa hoy.
La transformación de la sociedad española en años recientes es un hecho no sujeto a controversia, España es hoy un país más abierto, más diverso y, como quiera que ello se mida, más complejo que hace apenas tres décadas. En aquellos años del final de la década de los setenta -y ante el reto de poner en marcha una Administración moderna y más cercana a los ciudadanos- los distintos organismos y entidades públicas lanzaron grandes procesos de contratación dirigidos a nutrirse del personal necesario para hacer realidad las expectativas que los ciudadanos habían depositado en la joven democracia española.
Los problemas a los que se enfrentaban los gestores públicos no eran menores. Con el fin de solucionarlos, las Administraciones desarrollaron nuevos procedimientos que garantizasen la obtención y gestión de la información necesaria para el ejercicio de sus funciones; ello supuso que, además de contratar a médicos y a maestros, a jueces y a policías, las Administraciones contratasen a un creciente cuerpo de gestión administrativa.
Después de transcurridos treinta años, el éxito es incuestionable: sanidad universal de calidad, escolarización plena, cobertura de las principales contingencias que afectan a los ciudadanos a lo largo de su vida y eficacia recaudatoria en los ámbitos tributarios y de la Seguridad Social al nivel de los países de nuestro entorno.
Los empleados públicos que hicieron realidad esa historia de éxito que constituye la Función Pública en España no esconden su preocupación respecto a su capacidad de hacer frente a los desafíos de la sociedad actual con los conocimientos y medios que nos han traído hasta a aquí.
En primer lugar, el envejecimiento de las plantillas, que en muchos casos supera los cincuenta años de edad y podría llevar a reducciones de más un 30% de los efectivos en los próximos años, cuestiona la sostenibilidad de aquellos modelos de gestión todavía anclados en la gestión presencial de los servicios y trámites.
En segundo lugar, la automatización acelerada de una parte importante de la gestión, particularmente de la propiamente administrativa, produce el doble efecto de generar excedentes de personal por un lado y de requerir habilidades y conocimientos ausentes de las relaciones de puestos de trabajo. En tercer lugar, la ausencia efectiva de un modelo de desarrollo de carrera lamina la motivación de los empleados públicos y limita la capacidad de gestión de los directivos.
Cabe señalar que estos tres fenómenos operan en un contexto en el que los ciudadanos se muestran cada vez más exigentes en lo que a la efectividad y accesibilidad de los servicios públicos respecta.
En ese sentido, parecería que una estrategia conducente a la plena automatización de los trámites administrativos, con la consecuente desaparición de la vista de los ciudadanos, y unos servicios presenciales personalizados y gestionados por empleados públicos versátiles y motivados podría resultar oportuna.
Un modelo de estas características es posible: la transformación digital actual permite integrar datos y sistemas de gestión evitando de una vez por todas los silos y las redundancias de información; profundizar en las políticas de prevención mediante la personalización de los servicios y, sobre todo, diseñar y desarrollar servicios que coloquen a los ciudadanos en el centro de la gestión pública.
Por su parte, la puesta en marcha de modelos de gestión más flexibles, que contemplen mayores niveles de movilidad funcional y le otorguen al desarrollo profesional de los empleados públicos la importancia que tiene contribuiría a una distribución más adecuada de unos efectivos mejor formados y retribuidos.
Algunas Administraciones ya lo están haciendo: las Fuerzas Armadas han afrontado la reducción de los fondos disponibles para la defensa y los nuevos retos geoestratégicos globales mediante el recurso a la alta tecnología y el desarrollo de unidades operativas, altamente especializadas y versátiles. ¿Es el futuro de la Administración un futuro de drones y boinas verdes?
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