La esperanza de vida media de un español es de 82,85 años, es decir, unas 725.766 horas. Éste es nuestro presupuesto vital, a lo largo del cual queremos contar con unos estándares de vida uniformes. Lo que sucede es que ni los costes de la vida son uniformes con el paso del tiempo, ni el presupuesto de horas funciona como una cuenta exacta.
Políticos y expertos se reúnen para conseguir que los últimos miles de horas de nuestras vidas cuenten con una calidad similar a las previas. ¿Cómo conseguir este equilibrio? Un repaso a la historia puede ser conveniente para iniciar una reflexión pausada al respecto.
Las sociedades occidentales cuentan con una larga historia de seguros y agrupaciones de cobertura mutua para poder asistir a trabajadores y familias que sufrían ante distintas vicisitudes. En España, en 1919, se creó el Retiro Obrero Obligatorio (ROO), gestionado por el Instituto Nacional de Previsión (INP) y destinado a asalariados entre 16 y 65 años cuya retribución estuviese por debajo de las 4.000 pesetas. Este seguro protegía de la vejez, por considerarla una invalidez por razones de edad.
Más adelante, en 1939, el antiguo ROO se transformó en subsidio de vejez y, ocho años después, éste se configuró como Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), gestionado por el INP. En 1963 se promulgó la Ley de Bases de la Seguridad Social, que instrumentó el principio de 'solidaridad nacional' y se definió como "una tarea nacional que impone sacrificios a los jóvenes respecto de los viejos; a los sanos, respecto de los enfermos; a los ocupados, respecto de los que se hallan en situación de desempleo; a los vivos, respecto de las familias de los fallecidos, a los que no tienen cargas familiares, respecto de los que las tienen; a los de actividades económicas en auge y prosperidad, en fin, respecto de los sectores deprimidos".
La Seguridad Social española ha ido adaptándose. A veces bien, a veces peor, con frecuencia añadiendo coberturas sin contar con recursos financieros que las soportasen, como la implantación de prestaciones no contributivas o los mecanismos de jubilación flexible. Hoy nos encontramos con que el sistema de pensiones, que se articula bajo un modelo de reparto en el que los más jóvenes sostienen con sus contribuciones las prestaciones de los más mayores, está en entredicho. La evolución demográfica lo hace financieramente insostenible.
En España, en 2015, nacieron 419.109 niños, 8.486 menos que el año anterior, y fallecieron 422.276 personas, 3.167 menos que en 2014. ¿Cómo financiamos la jubilación? Podemos subir las cotizaciones sociales, cotizar por más tiempo y cobrar durante menos años, rebajar las prestaciones, o buscar vías alternativas de financiación a través de los impuestos.
Muchas más alternativas no quedan, salvo deshacer el principio solidario e ir hacia un sistema similar al de 1919, que sólo sostenía a los sectores más desfavorecidos de la economía, trasladando el resto del programa de cobertura de la vejez al sistema privado de ahorro. Cualquiera de los regímenes es válido, sólo hace falta que la financiación de los mismos se acuerde y consensue para que sea duradera. El tiempo apremia. Dadas las circunstancias, la Seguridad Social tendrá un coste muy alto.
Es de esperar reformas drásticas en cuanto a años de cotización requeridos, importes máximos o bases de cotización. ¿Deberíamos provisionar dinero suficiente para disfrutar de una buena jubilación? Ahora que la situación es crítica se debe explicar a los trabajadores y las empresas la necesidad de ahorrar a largo plazo.
Esperemos que las reuniones del Pacto de Toledo den sus frutos y arrojen algo de luz sobre un futuro que es de todos. Hay un año de plazo. Mientras tanto, sigan disfrutando de sus horas de existencia y denle una vuelta a su plan de ahorro.
