Ya no es noticia, pero en las campañas electorales y en los debates de investidura en nuestro país los temas sanitarios tienen muy escasa relevancia y prácticamente no se habla de ellos. Pero, a continuación, cuando llega el día a día, nos encontramos con que la sanidad ocupa un lugar preferente en la gestión de los gobiernos autonómicos y es columna de nuestro estado del bienestar, de la que es garante de forma primordial el Gobierno central.
La falta de propuestas concretas y del debate subsiguiente nos lleva a que esta gestión esté trufada de connotaciones ideológicas, que contribuyen muy poco a la eficiencia en la gestión, que debe ser la norma obligada cuando de administrar recursos públicos para procurar servicios a los ciudadanos se trata.
En nuestro sistema sanitario actual hay dos grandes temas en los que necesitamos un consenso básico para poder avanzar. Son la colaboración publico-privada y el espacio sociosanitario.
El primero ha ido desarrollándose de forma pacífica durante años, avalado por el propio deseo de la sociedad española, que ha contribuido con su vinculación a la sanidad privada a hacer de ella un elemento imprescindible para la sostenibilidad del sistema sanitario público.
Nada menos que casi un 25% de españoles tiene seguros sanitarios privados, los cuales devengaron en 2014 más de 7.000 millones de euros en primas, con lo que nuestra sanidad privada supone el 3,38% del PIB y el 12% del gasto sanitario público, a través de la vía de la concertación.
Existen en nuestro país más hospitales privados que públicos, aunque el número de camas privadas es solo una tercera parte de la totalidad.
Estos datos son más que relevantes para aseverar que la sanidad privada juega un papel muy importante dentro de nuestro estado del bienestar, y que las confrontaciones ideológicas que se están produciendo en algunas autonomías cuestionando su actividad en concertación con nuestro sistema público no contribuyen precisamente a establecer ese diálogo fructífero que necesita análisis, reflexión y toma de decisiones, siempre midiendo las realidades y no imponiendo criterios ideológicos al margen de ellas.
La colaboración público-privada es una posibilidad que se abre al gestor público, que tendrá la responsabilidad de decidir, y utilizarla o no, pero nunca esto debe justificarse por motivos ajenos a la propia eficiencia de la gestión.
La propia Ley General de Sanidad define que el Sistema Nacional de Salud se integra por el conjunto de las estructuras y servicios públicos y privados al servicio de la protección de la salud. Y esta realidad ha llevado a que autonomías como Cataluña tengan casi un 25% de concertación público-privada, por solo un 4% que destina Cantabria, que es la comunidad que menos utiliza esta fórmula de gestión.
En definitiva, esta colaboración público-privada se ha mostrado como un elemento altamente interesante para el sostenimiento de nuestro sistema público de salud y cuestionarlo necesita al menos razones, criterios y justificaciones al margen de componentes exclusivamente ideológicos.
El otro gran tema sobre el que tenemos que avanzar es el del espacio sociosanitario, que puede definirse como la vinculación de las necesidades sanitarias y sociales a partir de un cierto momento de la vida del ser humano.
Es preciso que el sistema sanitario español esté orientado a los enfermos agudos, quedando el espacio sociosanitario para la atención de la cronicidad, que es precisamente el elemento capital que va a definir estas necesidades, muchas veces vinculadas a la propia dependencia como consecuencia de esas dolencias crónicas.
En nuestro país hace más de 20 años que las administraciones saben que la integración de los modelos sanitario y social se ha implantado más en el aspecto organizativo-institucional que en el de las realidades prácticas. Y de esta forma seguimos atendiendo a enfermos crónicos en hospitales, creamos centros geriátricos dependientes de consejerías de asuntos sociales y no discernimos que el deseo cada vez más acusado del crónico, del paciente vinculado a la Ley de Dependencia, que necesita de prestaciones por su situación de vulnerabilidad, es recibir estos cuidados en su domicilio, que es donde el espacio sociosanitario se puede desarrollar con mayor virtualidad.
Es un cambio radical de concepto. No debemos tener temor a encarar este futuro de una forma radicalmente diferente a como hemos tratado hasta ahora los espacios sanitario y social. Que no pueden ser compartimentos estancos, por lo que este espacio sociosanitario se debe crear poco a poco, pero confluyendo en una prestación verdaderamente integral que atienda al ciudadano si este lo desea incluso en su propio domicilio, y que incluya todas las necesidades que ello conlleva desde el punto de vista asistencial y de bienestar social.
Para ello, figuras jurídicas aseguradoras de la dependencia, con sustantividad propia, podrían jugar un papel fundamental en este nuevo escenario. Pero nada conseguiremos si no dialogamos, analizamos, medimos y gestionamos esta realidad, que incluye a aquellas personas que necesitan la solidaridad de una sociedad abierta que quiere ganar su futuro utilizando los recursos de una forma inteligente, alejada de inercias y demagogias.
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