Cualquier compañía, cuyos directivos ejerzan de forma habitual la "procrastinación empresarial" respecto a la toma de decisiones, perderá progresivamente competitividad y posicionamiento en el mercado: Las tareas de gestión deben realizarse en el momento preciso y, por tanto, sin sufrir ningún retraso.
En España, a nivel político, todos los gobiernos que han gestionado el país durante estos casi 40 años de pseudodemocracia demostraron una maestría sin igual en el arte de la procrastinación. En función de ello, ningún ejecutivo ha tomado la decisión de eliminar las autonomías, que han llevado a España al borde de un precipicio político, económico y territorial.
El problema no son las diputaciones
La alternativa que proponen algunos partidos políticos de eliminar las diputaciones provinciales suponen una oda a la procrastinación. Sobre todo porque, con la supresión de las diputaciones, aumentarían las competencias de las CCAA. Porque desde la implantación de las autonomías, las diputaciones han perdido competencias continuamente en favor de dichas CCAA.
Así, si trasvasamos las competencias que aún conservan las diputaciones a las CCAA, aumentarán los problemas de España en lo relativo a la corrupción, el déficit, la falta de libertad económica, falta de unidad de mercado, etc.
Atentado contra la España rural
Del mismo modo, la supresión de las diputaciones no sería sólo ir en contra de los artículos 139 y 141 de la Constitución, sino también perjudicar a los 6.819 municipios de menos de 5.000 habitantes que existen en nuestro país, que representan el 84% del total. Debido a que las diputaciones son la que proveen a estos pueblos de los servicios básicos e imprescindibles para la subsistencia de los mismos.
Recordemos que las diputaciones provinciales, que existen en España desde 1836, representan el órgano de gobierno y de administración de las provincias (artículo 141.2 de la CE). Estas instituciones actúan como un eje vertebrador del territorio y como garantes de la igualdad de oportunidades con respecto a las ciudades.
Potenciar el separatismo
Otro de los riesgos de eliminar las diputaciones, en este caso en relación al mantenimiento de la unidad de España, es que esta decisión conectaría con las exigencias del nacionalismo catalán, que apoya sustituir las diputaciones de las provincias catalanas por las veguerías. Todo ello para aumentar las competencias de la Generalitat y, de esta manera, potenciar el separatismo.
No obstante, las diputaciones están sobredimensionadas en la actualidad y, debido a este motivo, las mismas actúan a modo de agencia de colocación de los partidos políticos, generando de esta manera un círculo vicioso que gira en torno a las denominadas redes clientelares. Lo más lógico sería reducir el tamaño, eliminar el clientelismo político y mejorar la eficiencia gerencial de las mismas.
En relación con lo anterior, la propuesta de eliminar las diputaciones, integrada en el pacto de investidura que recientemente han suscrito Ciudadanos y PSOE, no saldrá adelante, sobre todo, debido a las dos siguientes y fundamentales razones:
Ciudadanos y PSOE, en virtud de intereses políticos y estratégicos, no han incluido en el citado acuerdo la supresión de las Diputaciones Forales vascas y los cabildos insulares canarios, algo que supone una discriminación respecto al resto de provincias. Aunque, de todos modos, la eliminación de la Diputación Foral de Navarra o las vascas necesitaría la aprobación de dos tercios de la Cámara.
Además, el PSOE de Andalucía, que es la madre y el sustento del PSOE nacional, se opondría rotundamente al exterminio de las 8 diputaciones andaluzas, puesto que una de las bases del poder de este partido reside en la existencia de estas instituciones, aunque algunas de ellas y en determinadas legislaturas hayan sido gobernadas por otro partido. Tampoco olvidemos que la proposición de eliminar las diputaciones no es nueva, ya intentó Rubalcaba llevarla a cabo y fracasó.
