Aún está por ver el alcance del fraude y de las prácticas corruptas relacionadas con la empresa estatal Acuamed, que ha sido objeto de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción y que ha resultado en la detención de varias personas de la dirección de Acuamed, apuntando a algunas grandes constructoras y altos cargos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente.
Las irregularidades en la gestión de Acuamed afectan a la contratación de obras hidráulicas, mediante las cuales la empresa pública habría desviado entre 20 y 25 millones de euros a las empresas adjudicatarias.
El sector de la construcción siempre ha sido uno de los más, si no el más expuesto a actos de corrupción y fraude, y esto ocurre en todos los países del mundo. La especificidad de este negocio con múltiples partes involucradas, amplios presupuestos y dilatados periodos de tiempo entre el inicio del contrato y la entrega de la obra, entre otros factores, dificultan la supervisión y control sobre la ejecución de los trabajos.
El control y la verificación de las obras realizadas bajo un contrato es frecuentemente un punto de fricción entre las partes, ya que pueden existir diferencias en cuanto al alcance de los trabajos y el presupuesto y el resultado entregado: ¿Se ha realizado el trabajo siguiendo la metodología propuesta? ¿Se ha realizado con el material solicitado y de la calidad exigida? Y, a veces, la pregunta sencillamente es: ¿Y dónde está esta parte de la obra - se ha construido de verdad? Otro problema común ocurre cuando la obra se lleva a cabo pero sin alcanzar las características técnicas, como, por ejemplo, poner una plataforma de cemento de 3 cm de espesor donde había que poner 10 cm, cambiar un material por otro de iguales dimensiones pero inferior calidad y precio, pero cobrando como si fuera el más caro.
¿Cómo se pueden evitar este tipo de actividades fraudulentas y corruptas de sustitución de material, de cobrar por trabajos alterados o inexistentes? Especialmente en el caso de las adjudicaciones públicas, resulta esencial implementar mecanismos de control que aseguren la integridad del proyecto. Entre las medidas que se pueden tomar ante esta problemática, que no solo ocurre en España, algunos países como EEUU han optado por crear la figura de un inspector independiente para realizar una monitorización exhaustiva de la obra. Este inspector de "integridad" verifica que la empresa adjudicataria del contrato está cumpliendo con los requisitos técnicos, que los materiales usados son de la calidad exigida por el contrato, y que el presupuesto se está destinando íntegramente a la obra y no desviado a terceros. Otras funciones del inspector pueden incluir el control sobre el número de empleados en la obra, el cumplimiento de las medidas de protección, protocolos de seguridad y otros aspectos regulados de cualquier obra.
En EEUU, tener un inspector independiente está empezando a ser un requisito para cualquier obra contratada por el gobierno federal, y se está extendiendo el uso de esta figura a obras de nivel estatal y municipal, aunque también está siendo adoptado asiduamente en el sector privado. El inspector acude a la obra acompañado de un equipo de ingenieros y de auditores, analistas e investigadores de campo especializados en la construcción. Apoyado por herramientas tecnológicas como cámaras, programas específicos e inspecciones físicas constantes que velan por el interés del promotor y supervisan al contratista para asegurar que cumple con las especificaciones del contrato.
Sin embargo, la figura del inspector independiente debe estar acompañada por un programa de cumplimiento interno, auditorías y controles de la propia empresa, además de un proceso para facilitar el "whistleblowing", las denuncias anónimas sobre cualquier anomalía o mala práctica. Es esencial que estas medidas se apliquen de forma paralela, ya que a su vez actúan como mecanismos de control si una de ellas falla.
El coste de esta monitorización generalmente es un porcentaje muy razonable, por debajo de 2% del presupuesto de la obra, pero al eliminar los daños derivados de las prácticas fraudulentas y de las instancias de corrupción como la sustitución de materiales, las comisiones ilegales, la facturación excesiva, etc., el ahorro total es significativo. Pero lo más importante es que se consigue que la obra se entregue en el plazo acordado y que se ciña al presupuesto y los niveles de calidad acordados.
Entidades
