Recientemente, el presidente del Gobierno anunció en una entrevista televisiva la creación de una nueva bonificación -en realidad modificación y ampliación de una existente-.
Sin entrar a realizar valoraciones ideológicas y desde un punto de vista estrictamente técnico, estamos convencidos de que, al contrario de lo que el presidente manifestó en la entrevista, dicha medida no conseguirá los efectos de creación de empleo anunciados. Esto es así, a nuestro juicio por tres motivos.
En primer lugar hemos de decir que el pasado 13 de julio de 2012 el actual Gobierno procedió a regular mediante el Real Decreto-ley 20/2012 gran cantidad de materias, entre las que se incluyó la supresión de bonificaciones a la contratación indefinida.
Resulta especialmente llamativa, por incompatible con la medida anunciada ahora, la razón que explica la supresión de las bonificaciones en la exposición de motivos de la norma. Se pretendía ?dirigir las bonificaciones a la contratación a colectivos con dificultades objetivas y especiales para acceder al mercado de trabajo, haciéndolas más justas y ofreciendo mayor seguridad jurídica?. Es decir, el Gobierno entendía entonces, en el peor momento de la crisis de empleo, cuando el paro llegó a superar el 25%, que las medidas de bonificación de contratos establecidas con carácter general no resultaban justas ni ofrecían la suficiente seguridad jurídica. Ahora que el paro ha descendido cerca de 3 puntos no parece razonable que no permanezca vigente lo dicho entonces.
En segundo lugar, el efecto inevitable a corto plazo es una disminución de los contratos indefinidos puesto que los empresarios que tenían previsto realizar estas contrataciones en las próximas semanas, siguiendo un elemental criterio de oportunidad, pospondrán tales contratos en previsión de que el PP gobierne y legisle entonces en los términos ahora apuntados. La respuesta de los empresarios al anuncio puede ser, en el mejor de los casos, la suscripción de un contrato temporal con el trabajador que se pretendía incorporar indefinidamente para, una vez concretado el anuncio, proceder a transformarlo en indefinido. Pero en el peor de los casos, y a la espera de que la norma que se dicte incorpore los requisitos de acceso a la bonificación, podría darse el caso de que se llegasen a posponer incorporaciones previstas para las próximas semanas, en previsión de que se exijan requisitos de antigüedad mínima de los contratos temporales previos al anuncio del pasado martes.
En definitiva, ante cualquiera de las dos alternativas la medida supone una evidente precarización del mercado de trabajo a corto plazo, cambiando contratos indefinidos por temporales o, incluso, posponiendo inminentes contrataciones.
Por último, hay que tener en cuenta que quien anuncia la medida como promesa electoral es el partido que actualmente gobierna. Puesto que no se justifica ninguna circunstancia novedosa que implique la conveniencia de tomar esta medida tras las nuevas elecciones, nada habría impedido, de resultar realmente efectiva para la creación de empleo, que se hubiese incorporado en el periodo de sesiones que acaba de finalizar por el trámite ordinario o incluso siguiendo el mismo procedimiento que ya utilizó el Gobierno en el 2012, el Real Decreto-ley.
A nuestro juicio sería recomendable conocer la opinión del Gobierno y de cada uno de los partidos en materia de cotizaciones a la Seguridad Social (reducción o no de las cotizaciones, conveniencia o no de un sistema de bonificaciones, etc.), sin estar sometidos a criterios de oportunidad, tal perjudiciales en esta materia.
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