La nueva Ley de Fomento de Financiación Empresarial permite que las pymes españolas accedan a una financiación más flexible y, en algunos casos, puede afectar positivamente a su solvencia. Y, por consiguiente, esto también será positivo para las obligaciones con deuda colateralizada de las pymes. El propósito principal de esta nueva ley es, como acabamos de señalar, promover la financiación de las pymes españolas, haciéndola más accesible y flexible, y desarrollando vías alternativas de financiación. Por tanto, debe ser bienvenida dados los problemas estructurales que afectan a la liquidez de las pymes españolas.
En principio, es positiva para el acceso al crédito de las pymes, ya que reduce el riesgo de que finalicen inesperadamente las líneas de liquidez necesarias para financiar proyectos y, por tanto, aumenta su capacidad para planificar su liquidez y cubrir sus necesidades de manera más efectiva. Sin embargo, contiene lagunas que podrían socavar su efectividad e imponer una carga administrativa extra a los bancos, que pudiera dar lugar a requisitos más estrictos. Y es que con esta nueva ley, los bancos están obligados a notificar a las pymes si deciden reducir o terminar un acuerdo de financiación. Además, están obligados a dar información financiera durante el proceso.
El requerimiento de notificar la expiración o reducción de las líneas de liquidez disminuye el riesgo de impago de las pymes. Conocerlo de antemano les otorga más tiempo para encontrar opciones de refinanciación alternativas, ya que los bancos deben comunicar con al menos tres meses de antelación su intención de dar por terminados o reducir en más de un 35% los acuerdos. Sin embargo, el efecto buscado es limitado debido a que la ley contiene varias excepciones. Una de las más importantes es que exime a la entidad de su obligación de notificación si existen "razones objetivas de que la situación financiera de la pyme se ha deteriorado de repente y de manera significativa después de la fecha en que debería haber sido notificado". Esto parece presentar un vacío legal, ya que las palabras "de repente" y "significativa" están abiertas a la interpretación. Incluso puede llegar a ser más problemático, ya que cualquier deterioro crediticio será el motivo principal para que una institución considere extender o finalizar la financiación.
Otra de las excepciones se refiere a la eliminación de la financiación debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del prestatario. Nosotros esperamos que esta excepción sirva de incentivo para que los bancos incluyan acuerdos financieros en los contratos para evitar la necesidad de notificaciones. Pero podría también incrementar la presión sobre las pymes que se enfrentan a un mayor riesgo de tener que romper los acuerdos debido a la volatilidad inherente de sus flujos de caja y ratios financieros. Además, el objetivo de la ley puede verse debilitado si las entidades emiten notificaciones pro forma de su intención de recortar la financiación simplemente para cumplir con la ley, incluso si no lo llevan a cabo. Con el tiempo, la práctica del mercado y las decisiones judiciales mostrarán si los requisitos de notificación se hacen efectivos y reducen los problemas de liquidez. Por último, los requisitos de notificación, pueden ser contraproducentes si los bancos creen que la ley limita su libertad de acción en la gestión de riesgos e impone cargas administrativas adicionales.
La ley también contribuye a mejorar la transparencia, lo que debería permitir una mejor valoración de los riesgos y ayudar a que las pymes encuentren financiación alternativa en caso de que se elimine o reduzca la financiación. Y es que esta ley introduce el concepto innovador del derecho legal de las pymes de recibir información de los riesgos financieros y crediticios por parte de las entidades, que las pymes podrían utilizar como apoyo para solicitar un nuevo crédito en otra institución. El informe debe ser proporcionado de forma gratuita dentro de los diez días posteriores a la notificación. Las pymes pueden solicitarlo también en cualquier momento abonando las tasas. Las pymes que reciban evaluaciones positivas se beneficiarán en su búsqueda de otras vías de financiación y debería suponer un incentivo para que mantengan una trayectoria intachable. Al mismo tiempo, los posibles acreedores pueden solicitar esta información, asegurándose que reciben unas valoraciones más precisas del riesgo y una correcta asignación de los créditos a las pymes más robustas.
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