Desde finales del siglo XX se ha venido produciendo un cambio en la tradicional forma de gestión de muchas actividades sujetas a los principios de servicio público, y que recientemente han pasado a convertirse en servicios de interés general. Esta transformación requiere la aprobación de un nuevo marco regulatorio y la atribución a una entidad independiente de funciones de supervisión de las actividades reguladas. La gestión aeroportuaria es una de ellas.
Estos nuevos modelos de gestión provocan, a veces, inevitablemente enfrentamientos o conflictos entre el operador y la entidad encargada de la supervisión. Por ello, como ha indicado el Gobierno, la reciente disputa entre Aena y la CNMC a propósito de la determinación de las tarifas aeroportuarias, de la que se ha hecho eco la prensa en las última semanas, responde a esta normalidad institucional. Normalidad que, sin embargo, en el ámbito de la gestión aeroportuaria se reviste de cierta singularidad, al tratarse del primer conflicto de relieve que se plantea en este sector regulado. No olvidemos que aun cuando ya existía desde hace algunos años un supervisor independiente, sólo a partir de la aprobación el paso año del nuevo marco de la gestión aeroportuaria y la paralela privatización de Aena, podemos considerar constituido un auténtico sector regulado.
La forma en que el Gobierno ha implementado el nuevo modelo de gestión aeronáutica como actividad regulada está funcionando bien. Y en un momento en el que se ha instaurado la moda de poner énfasis únicamente en los aspectos negativos de la acción política, creo que resulta oportuno resaltar cuándo se acierta, particularmente cuando esta tarea tiene determinada trascendencia económica para los ciudadanos.
Hasta hace pocos años Aena era un importante operador aeroportuario caracterizado, sin embargo, por encontrarse sistemáticamente en pérdidas, y mantenerse en su modelo de gestión pública ajeno a las nuevas exigencias internacionales. El Gobierno actual se vio obligado a implementar de forma efectiva un proceso de privatización que había iniciado el Ejecutivo anterior. Y ante las distintas alternativas existentes, tomó la decisión de mantener la integridad de la red nacional de aeropuertos, así como la mayoría pública del accionariado de la entidad gestora objeto de privatización, la actual Aena. En el mismo sentido, se adoptó la decisión de establecer una moratoria, hasta el año 2025, del actual importe de las tarifas aeroportuarias. Decisiones todas ellas de un alto contenido político, adoptadas con la finalidad última de garantizar el interés general y la sensibilidad de muchos sectores económicos, en particular el turismo, asociados a la gestión aeroportuaria. El reto de estas decisiones era conocer si, con estos presupuestos previos, los mercados financieros y bursátiles serían capaces de valorar la bondad y la solidez de la compañía objeto de privatización. La respuesta del mercado ha sido positiva.
En este contexto, recientemente, la CNMC ha adoptado algunas decisiones controvertidas respecto del modelo económico en la gestión aeroportuaria. La decisión publicada a finales del mes de abril por dicha entidad sobre la distribución de costes en actividades aeroportuarias y comerciales, parece algo sorprendente por el modo y la forma en que se ha producido y la interpretación extensiva realizada del marco legal vigente. La Dirección General de Aviación Civil también intervino en este tema, con tono crítico y postura diferente a la de la CNMC.
No es momento de pormenorizar en los debates técnicos, sino de subrayar la necesidad, una vez más, de asegurar la independencia y neutralidad de juicio del supervisor. Todos debemos ayudar en defender este esencial principio. Pero dicha independencia obliga a ser extremadamente cauto y riguroso en cualquier toma de decisiones, dada la sensibilidad de los sectores afectados. La calidad y el rigor de las actuaciones en los acuerdos, resoluciones y procedimientos que se adopten por el supervisor, es un elemento esencial del funcionamiento de los nuevos modelos de regulación. El marco legal existente ofrece potestades suficientes al supervisor, en su actuación, sin necesidad de extender artificialmente sus límites.
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