Según datos de la Asociación Española para el Estudio del Hígado en España existen alrededor de 900.000 personas infectadas por el virus de la hepatitis C. Pese a la elevada tasa de prevalencia, ésta había sido durante muchos años una enfermedad relegada a un segundo plano ante la ausencia de tratamientos completamente eficaces. Sin embargo, algunos meses atrás la irrupción de un nuevo fármaco con unas tasas de curación probadas del 90% provocó que esta "enfermedad silenciosa" pasara a ocupar un papel protagonista en la esfera pública de nuestro país.
La llegada de un tratamiento eficaz, sin duda una excelente noticia para todos los afectados, desencadenó también una polémica sin precedentes debido a las cuestiones económicas que desde el Gobierno se alegaron como impedimento para financiar el fármaco. Este hecho motivó que los pacientes se organizaran y salieran a la calle para demandar un acceso generalizado, y en el mínimo plazo de tiempo posible, a los nuevos antivirales. La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) calificó de "nefasta" la gestión de la crisis provocada tras la aparición de un nuevo tratamiento contra el virus y denunció la falta de acceso al mismo por parte de un grupo numeroso de enfermos en distintas comunidades autónomas.
El caso de la hepatitis C ha reflejado una clara falta de planificación. A pesar de la evidencia de que las grandes farmacéuticas estaban trabajando en el desarrollo de nuevos tratamientos altamente eficaces, no se realizó una proyección del número de personas que precisarían estos tratamientos en España, ni se estableció un diálogo previo con las compañías farmacéuticas con el fin de negociar el coste del tratamiento antes de su llegada al mercado.
Posteriormente, cabe resaltar la capacidad de reacción del Ministerio de Sanidad con la creación de un comité científico de expertos que, liderado por el hepatólogo Joan Rodés, definió un plan estratégico para el abordaje de la enfermedad que ha sido aplaudido por todos los agentes implicados. Entre otras medidas, el plan incluye la participación del Ministerio de Hacienda como garantía para la financiación de los nuevos fármacos. Las negociaciones con la farmacéutica permitieron también una rebaja económica y el desarrollo de un acuerdo de riesgo compartido por el cual los laboratorios asumirán el coste de la terapia si se prolonga durante más de doce semanas. En este sentido, el exconsejero de sanidad del gobierno vasco, Rafael Bengoa, afirmaba hace unas semanas que "pese a que la génesis del caso de la hepatitis no ha sido la más deseable, España podría convertirse en un ejemplo internacional".
Sin embargo, los últimos acontecimientos han vuelto a despertar un halo de incertidumbre entre los afectados. Especialmente a raíz de la aprobación de una medida que establece que el gasto sanitario y farmacéutico de las comunidades autónomas no podrá superar el incremento del PIB nacional. Como consecuencia, las principales asociaciones de pacientes sostienen que esta nueva ley podría poner en peligro el acceso equitativo a los nuevos fármacos disponibles.
Si algo hemos aprendido de la evolución del caso de la hepatitis C es que otro modelo de gestión sanitaria es posible y necesario.
La configuración de un marco fluido de colaboración público-privada y acuerdos de riesgo compartido deberán configurarse como la base fundamental para permitir el acceso a nuevas innovaciones dentro del ámbito médico.
