Otra legislatura llega a su fin. Y sin, embargo, poco ha cambiado. Los problemas a los que se enfrenta el sector fitosanitario, palanca de la agricultura, siguen sin una solución adecuada. Recuerda a una película americana, El día de la marmota, en la que el actor principal, Bill Murray, se despierta una y otra vez el mismo día y se repiten los mismos acontecimientos incesantemente.
Este símil es oportuno ya que a este sector, el fitosanitario, le sucede lo mismo. Sus problemas son idénticos a pesar de que pasen los años: el registro de productos, la falta de soluciones para algunos cultivos debido a los problemas de registro o a una aplicación incorrecta del principio de reconocimiento mutuo, la mala percepción social de un sector necesario y muchas veces incomprendido por la sociedad .
Agricultura y agroalimentación suponen casi el 9% del PIB y han supuesto en 2014 en torno al 17% del comercio exterior. Cifras nada desdeñables. España es el primer productor y exportador mundial de frutas y hortalizas y el sector agrario da empleo a aproximadamente 2 millones de personas. Contamos con una gran variedad de cultivos que nos convierte en uno de los países más ricos y diversos. Sin embargo, para seguir siéndolo es importante que la agricultura española sea cada vez más eficiente, competitiva y productiva, sin descuidar por ello el medio ambiente. El agua, el suelo, la fauna y flora son activos del agricultor, que de no respetarse y preservarse, ponen en peligro el modelo económico.
La apuesta actual y futura pasa por la sostenibilidad. Las inversiones en I+D y la aplicación de tecnología en la agricultura son esenciales para garantizar la competitividad, la eficiencia y optimización de recursos, algunos escasos como el agua. La tecnología ayuda a reducir el impacto en el medio ambiente, optimizando el uso del suelo y evitando la ocupación de nuevos terrenos para producir. Para lograr estos objetivos, hacen falta herramientas como los productos fitosanitarios, los medicamentos de las plantas, que protegen los cultivos de plagas y enfermedades.
La industria fitosanitaria ayuda al desarrollo de la agricultura española, dotándole de altos niveles de productividad y calidad. El sector facturó en España unos 900 millones de euros en 2014, y reinvierte 10% de esta cifra en I+D+i. Se desarrollan constantemente nuevas moléculas que garantizan la seguridad de las personas, la protección del medio ambiente y la rentabilidad económica. Una empresa tarda diez años e invierte unos 250 millones para poner un nuevo principio activo en el mercado. El compromiso por mejorar es alto y se busca aumentar cada vez más los estándares de seguridad, la disminución del impacto y la biodegradación de las sustancias que se comercializan.
Sin embargo, el potencial del sector se ve lastrado esencialmente por causas administrativas, debiendo hacer frente a una excesiva burocracia con un sistema de registro de productos fitosanitarios que no funciona como debiera, en el que participan varias autoridades competentes aplicando criterios diferentes a la hora de autorizar un producto en el mercado. En España estas diferencias de criterio y discrepancias entre las dos principales autoridades competentes, Agricultura y Sanidad, son la causa principal de disfunción.
Mientras, en Europa los sistemas nacionales de evaluación de productos fitosanitarios tienden a dirigirse hacia un modelo de ventanilla única en el que una sola autoridad nacional evalúa y autoriza, aplicando unos mismos criterios. Es el caso en Francia, Reino Unido o Austria, por ejemplo. España parece decidida a seguir otra dirección a pesar de que una única autoridad de evaluación a buen seguro solucionaría los problemas. A esto se une una mala aplicación del principio de reconocimiento mutuo.
Por este principio, productos ya autorizados por las autoridades competentes de otro Estado de la UE deberían ser autorizados en España sin reevaluación. La realidad es otra: se vuelve a evaluar, gastando recursos públicos innecesarios y se entorpece el desarrollo del Mercado Interior creando desventajas competitivas entre agricultores de distintos países al no disponer todos de las mismas herramientas para proteger sus cultivos. El principal afectado son los propios agricultores que sufren de escasez de soluciones y están en desventaja frente a sus competidores. Soluciones seguras y autorizadas a nivel europeo pero que encuentran trabas técnicas a nivel nacional.
