Nadie duda que la complejidad es una de las características dominantes de nuestro tiempo. El prestigioso profesor de la Universidad de Michigan Scott Page ha teorizado en torno a las relaciones entre la complejidad y la diversidad y cómo el poder de la diversidad crea mejores grupos, empresas, escuelas o sociedades. Una radiografía del sector público: así suprimen empresas y personal las CCAA.
Page defiende con profusión de argumentos su tesis acerca de la primacía de la diversidad sobre la competencia: "más vale un grupo de personas cognitivamente diversas que un grupo de personas muy inteligentes que piensan de la misma manera".
Lamentablemente, el Gobierno español no parece compartir esta sólida opinión. Cuando en octubre del 2012 creó la denominada Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) para acometer uno de los retos más acuciantes del país, optó por un grupo absolutamente homogéneo. Altos funcionarios de los distintos Ministerios conforman dicho organismo, en el que no participa nadie procedente del resto de Administraciones Públicas y, por supuesto, ningún experto externo.
Podríamos definir la Comisión como un entorno en el cual solamente existe una óptica, la de la función pública estatal. No se ha contado con consultores, ni con universitarios, ni siquiera con los servidores públicos al servicio de las distintas Administraciones. Como era de esperar, con esta composición tan singular los resultados de la CORA resultan parciales y decepcionantes, tal y como se desprende del último informe, de diciembre de 2014 que presenta el "progreso" de los trabajos de la Comisión.
La sociedad demanda transparencia
Ante la creciente demanda social de transparencia, el documento resulta críptico e incomprensible. Un botón de muestra: se presentan las cifras del supuesto ahorro que las medidas del CORA han producido: 4.800 millones de euros para el Estado, 10.500 para las CCAA y 2.900 para las Administraciones Locales. Siendo estas magnitudes, parecería oportuno que estuvieran debidamente justificadas, lo cual no se hace ni en el documento ni en sus anexos sitos en el portal del Ministerio. ¡Poca transparencia, menos credibilidad!
También sorprende que la Administración General del Estado haya sido la menos diligente en la adopción de las medidas racionalizadoras, como se desprende de las citadas cifras, y también de la disminución del número de funcionarios, mucho menor en la Administración Central que en las territoriales, a pesar de ser éstas quienes ejercen la mayoría de competencias relativas al bienestar social, y a pesar de que en diversos Ministerios existen plantillas sobredimensionadas al haber sido transferidas sus funciones a las CCAA.
Uno de los principales objetivos de la CORA era la supresión del elevado número de entidades del sector público administrativo, empresarial y fundacional. ¿quienes han cumplido? Las autonomías han suprimido 675 organismos, el 33% de los existentes. Y los Ayuntamientos, 1.244, con un notable porcentaje del 21%. En cambio, la Administración Central ha resultado poco diligente, disolviendo solamente 105 entes, cantidad nimia que ni siquiera podemos relativizar a causa de que en el informe no aparece el número total de organismos estatales existentes.
Ridículo cualitativo
Si cuantitativamente el cumplimiento es escaso, el ridículo es mayúsculo desde el punto de vista cualitativo. Veamos algunos ejemplos de la encomiable actuación racionalizadora de nuestro Gobierno: entre los entes suprimidos se encuentran sociedades como Barcelona Holding Olímpico o la Sociedad Estatal para el V Centenario del Descubrimiento de América, ¡22 años después de ambos eventos! La racionalización ha alcanzado también al Ministerio de Defensa, con la disolución del ente dedicado a la cría caballar de las fuerzas armadas... Pero quizás, de lo que más orgullosos deben sentirse los sesudos miembros de la Comisión es de haber ¡conseguido evitar las duplicidades entre los registros taurinos estatal y autonómico!
El fracaso de la CORA es, sin duda, el fracaso de un modelo basado en la obsesión por la centralización, por el desprecio de la diversidad y por la soberbia de un poder de tintes cada día más autoritarios.
Daniel Innerarity ha diagnosticado con precisión el agotamiento de la jerarquía como principio ordenador de las sociedades: "la complejidad contemporánea es la diversificación de los centros de decisión que ninguna ordenación de carácter jerárquico está en condiciones de controlar. La organización, como la política, debe transitar desde la jerarquía a la heterarquía, de la autoridad directa a la conexión comunicativa, de la posición central a la composición policéntrica". Debe de ser una ingenuidad pensar que algún día nuestro Gobierno comprenderá que estamos en el tercer milenio y empezará a actuar en consonancia con el signo de los tiempos...
Pere Macías i Arau, portavoz adjunto de CiU en el Congreso
Ahorro de 18.000 millones
