
El pasado uno de enero entraron en vigor un conjunto de modificaciones en la regulación de los principales impuestos estatales. Su influencia en la economía particular de cada contribuyente será desigual, aunque parece haberse instalado la expectativa de que 2015 traerá consigo una reducción generalizada de impuestos.
Desde luego, esa es la idea que el órgano de comunicación del Ministerio de Hacienda se apresuró a transmitir, coincidiendo con la publicación en el BOE de los textos legales que plasman la reforma. Especial hincapié se ha hecho en el impacto de los cambios relativos al IRPF, que son sin duda y con diferencia los que afectan de manera más sensible a un mayor número de personas.
De acuerdo con los datos facilitados por el gabinete de prensa de Montoro, en el año que acaba de arrancar los contribuyentes con rentas inferiores a 30.000 euros disfrutarían una rebaja media en este impuesto del 19,3%, que aún sería mayor (el 23,5%) si se tuviera en cuenta sólo a los perceptores de rentas inferiores a 24.000 euros.
La teoría de la ilusión financiera
La forma en que tales estimaciones son públicamente expuestas trae a la mente la figura de Amilcare Puviani, quien hace más de un siglo describiera con agudeza las fórmulas que emplea el poder para enmascarar ante los ciudadanos sus implacables exigencias de contribución. La receta que ahora nos aplica Montoro servirá como ejemplo para ilustrar en las universidades la teoría de la ilusión financiera forjada por el hacendista italiano.
Consiste en este caso en presentar como logro del Gobierno una rebaja fiscal que, técnicamente, no existe. De hecho, para muchos contribuyentes (en general, los de rentas superiores a 35.000 euros) la intervención legislativa de ahora impide que se extinga, como estaba previsto, la totalidad de la subida decretada hace tres años por el propio Gobierno.
Es cierto pues que, tras los cambios legislativos, se soportará en general un IRPF más moderado que en el ejercicio precedente. Pero estos efectos se experimentan solo gracias a la decadencia automática el pasado 31 de diciembre del gravamen extraordinario y transitorio que se ha venido soportando entre 2012 y 2014. Es decir, la rebaja del IRPF se hubiera producido sin necesidad de tocar nada. En cambio, las nuevas escalas aprobadas suponen, para un nutrido segmento de contribuyentes, una subida fiscal por comparación con el gravamen que soportarían en 2015 si no se hubiera producido ningún cambio legal.
Novedades que trae la reforma
Al margen de esta realidad, que no debe pasar desapercibida, la flamante reforma trae consigo novedades de innegable interés, comentadas con profusión en la prensa durante los últimos dos meses. Entre ellas, el Ministerio habla de "un fuerte aumento" de los mínimos familiares aplicables, aunque para la mayoría el impacto real será escaso o negativo debido a que el importe de la desgravación se determina ahora aplicando un porcentaje menor (el 20%, frente al 24%).
Quienes sí experimentan una mejora notable son las familias numerosas y las que tengan a su cargo descendientes o ascendientes discapacitados, que podrán empezar a disfrutar ya el cobro de 100 euros mensuales como anticipo de la nueva deducción.
Un último dato que invita a recibir con cautelas los cambios legales es que la extinción del gravamen complementario en IRPF, junto a la reducción del tipo en el Impuesto sobre Sociedades, supondrán, de acuerdo con las estimaciones oficiales, una disminución de ingresos de algo más de 9.000 millones entre 2015 y 2016. Dado que no se ha previsto ninguna otra medida tributaria explícita para compensar esta merma recaudatoria, el Gobierno confía en enjugarla con un incremento de los ingresos asociado al mayor crecimiento económico.
Es decir, si este planteamiento falla, será preciso poner en marcha medidas alternativas para evitar desequilibrios presupuestarios. Y en un escenario así son conocidas las recetas predilectas de los actuales responsables de nuestra política económica: aumento del IVA, extensión del copago y mayores recortes en el gasto, incluyendo el que afecta a bienes y servicios fundamentales. Para entonces, si se da el caso, que a nadie coja desprevenido.
Florián García Berro, autor de la Revista Española de Derecho Financiero (Thomson Reuters Civitas) Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Sevilla.