El reciente escándalo sobre las tarjetas opacas de las que hacían uso consejeros de la antigua Caja Madrid no es sino el último caso de un extenso número de fraudes acaecidos en España en los últimos años. La ética del poder ha vuelto a ponerse en entredicho a ojos del ciudadano, que percibe que la crisis ha abierto la caja de Pandora de la corrupción en nuestro país. La última encuesta del CIS señala a la corrupción como el segundo problema que más preocupa a los españoles, solo por detrás del paro.
Sin embargo, habría que ser cautos a la hora de presumir que este nivel de corrupción no existía antes de la crisis financiera. Una explicación sobre los numerosos casos de fraude sucedidos en estos últimos tiempos argumentaba que surgen más delitos de corrupción en épocas de crisis, utilizando el curso de un río como ejemplo: "Cuando está lleno de agua, no puedes ver las piedras del fondo, pero cuando el caudal se reduce te das cuenta de que están ahí".
No cabe duda que la ética es uno de los principios más apreciados por la ciudadanía y de ello ha tomado nota la clase política. No es baladí que la puesta en marcha de una Ley de Transparencia haya sido aprobada en la actual legislatura (aunque el grueso del proyecto no será de aplicación obligatoria hasta finales de este año). Asimismo, en el anterior mandato socialista se introdujo el delito de corrupción privada mediante la Ley Orgánica 5/2010 de modificación del Código Penal.
No obstante, ambas leyes parecen ser de momento un acto de buenas intenciones más que un intento real por fomentar códigos de buena conducta, ya que hasta la fecha se desconocen los efectos de dichas normativas, siendo un hecho que la fuerza de una ley y su efectividad no residen en su redacción sino principalmente en su aplicación. Esta situación contrasta con la de otros países, como Estados Unidos, donde multinacionales como Alcoa, Siemens o RBS han sido multadas por prácticas fraudulentas, en el caso de esta última por engañar a inversores en la venta de productos financieros. Caso también ocurrido en España, pero del que no se tiene constancia que haya tenido consecuencias sancionadoras a nivel corporativo.
Siguiendo con el delito de corrupción privada, en los últimos tiempos se han producido fraudes clamorosos en empresas españolas, cuyos escándalos parecen haberse convertido en un eco lejano al cabo del tiempo, a diferencia del extenso seguimiento mediático de los casos de corrupción pública o de las prácticas sancionadoras ya mencionadas en otros países.
Más allá de los cambios legislativos como respuesta a la corrupción y analizando la distinta cobertura que se da al fraude público y al privado en España, nos asaltan varias cuestiones comparando la reivindicación de un comportamiento ético en ambos sectores. ¿Por qué se exige un nivel de ética superior a un político que a un empresario? ¿Existe realmente una cultura de la ética en la esfera privada en nuestro país? ¿Es la ética actualmente un impedimento para los empresarios a la hora de cometer un fraude, sin tener en cuenta las penas condenatorias que pueda acarrear el delito?
La ética sirve para frenar actividades fraudulentas
Al margen de las leyes, parece existir una falta de concienciación ética en la actividad privada en nuestro país, sin que la ética en sí parezca percibirse como un valor esencial de evaluación en el sector privado. Así se entiende que algún exconsejero de Caja Madrid salpicado por el escándalo haya afirmado que no se ha producido ningún delito y que el uso de la tarjeta de crédito estaba ajustado a sus funciones. Siendo cierto o no, ¿no es igual de importante plantearse si el acto cometido entra dentro de un comportamiento ético empresarial?
Olvidándonos de la aplicación de ley, existen herramientas, protocolos y medidas de prevención internas que servirían para concienciar tanto a empresarios como a trabajadores que la ética muchas veces sirve como freno de actividades fraudulentas: programas de cumplimiento, códigos de conducta, cursos de formación sobre dichos códigos y programas, elaboración de una matriz de riesgos, canales de denuncia y apoyo externo a los equipos de auditoria interna, por poner varios ejemplos.
Éstas y otras pautas serían un garante para implementar una cultura de transparencia y conducta ética desde el Consejo de Administración hasta el último de los empleados; una cultura de autocontrol que serviría para prevenir en lugar de curar, para demostrar que la ética y las buenas conductas, a pesar de lo que se pueda pensar, no están reñidas con la actividad privada y para que las empresas incluyan procedimientos internos más allá de la legislación existente.
Es una certeza general que tanto a nivel gubernamental como en el sector privado, el comportamiento ético es un pilar fundamental como guía en cualquier actividad que desarrollemos y factor clave en el buen funcionamiento de cualquier sociedad o empresa.
José María Piñeiro, Managing Director - Forensiscs and Litigation Consultings. FTI Consulting Spain.
"La ética: imprescindible para un proyecto viable"
