En la Cumbre europea que, por tercera vez, se ha propuesto como tema afrontar el problema del paro especialmente juvenil y que se ha celebrado en el vigente semestre italiano en la ciudad de Milán los días 8 y 9 de octubre, se ha aludido varias veces al Plan que prometió ante el Parlamento Europeo el electo presidente de la Comisión Jean-Claude Juncker de invertir 300.000 millones de euros en un programa coyuntural para la eurozona.
La canciller Merkel afirmó que "necesitamos inversiones" en un mensaje teledirigido al nuevo presidente de la CE. Y el presidente Rajoy mostró su confianza en que la nueva Comisión empiece a trabajar "a la mayor celeridad posible" para poner en práctica el programa de inversiones anunciado por Juncker.
El referido programa puede ser un anticipo de la orientación que se querrá que tenga la nueva Comisión, presidida por un cristianodemócrata, pero con un vicepresidente primero socialdemócrata, el holandés Frans Timmermans, un socialista francés Pierre Moscovici, como comisario de Economía y Finanzas, y una socialdemócrata, la italiana Federica Mogherini como Alta Representante para las relaciones con el exterior.
No es, por tanto, de extrañar que antes de que haya entrado en funciones la nueva Comisión se hayan empezado a plantear las primeras tensiones y precisamente por razón del programa coyuntural con el que se pretende hacer frente al desafío del crecimiento y el empleo, que tiene la eurozona.
El problema se ha planteado porque el nuevo presidente de la Comisión ha propuesto que esos 300 mil millones de euros, que se propone invertir, se financien en parte con los fondos previstos para que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (Mede) acuda en ayuda de los países en crisis. De los 500.000 millones de euros que tiene dicha institución como capacidad crediticia, sólo se ha utilizado un 10% en ayudas a España: 40.100 millones de euros y 9.000 millones a Chipre, por lo que les queda 450.000 millones de euros de capacidades no utilizadas.
Juncker calcula que con una parte de dichos recursos se podría hacer frente a la deprimida coyuntura europea sin afectar lo más mínimo el déficit público de los Estados miembros.
El presidente de la Comisión ha encontrado inmediatamente la colaboración de Werner Hoyer, miembro del partido liberal alemán (FDP) y presidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y del presidente del Mede, Klaus Regling, que no está afiliado a ningún partido pero es considerado de mentalidad liberal en economía. El Mede aportaría 100 mil millones y el BEI el resto.
En el mes de septiembre, Hoyer y Regling informaron al ministro de Finanzas alemán, Wolf-gang Schäuble, de su oferta para financiar el plan de política coyuntural de Juncker, pero Schäuble se opuso porque los recursos del Mede tienen como finalidad evitar las crisis del euro y no financiar otro tipo de proyectos. Cualquier utilización de los recursos del Mede para fines ajenos sería considerada como una reducción de su capacidad y abriría la puerta a los especuladores para atacar al euro. No hay que olvidar que el Mede está pensado más para disuadir que para curar y no se puede, por tanto, poner en peligro la credibilidad de la política que pretende garantizar la sostenibilidad del euro.
En sentido contrario se expresó el socialdemócrata presidente del Parlamento Europeo, el también alemán Martin Schulz: como tenemos que movilizar dinero y el Mede tiene recursos no utilizados para conceder préstamos en caso de crisis, parece justificado que se recurra a esta institución para una ayuda que durará pocos años.
Estos primeros pasos del presidente electo de la Comisión Europea han pervivido para revivir las dudas que algunos de sus correligionarios de la misma ideología política plantearon a su candidatura.
Por otra parte, el deseo de no defraudar, incumpliendo sus promesas ante el Parlamento, a los que sin compartir su ideología le votaron hacen que Juncker trate de encontrar una salida airosa, que no sea a costa del Mede. Y parece ser que la solución más viable sería que los países miembros aprobaran la transferencia de más recursos al BEI, para multiplicar su capacidad crediticia. De esta forma, aunque aumentaría el coste para los países comunitarios, no se perdería credibilidad.
Eugenio M. Recio, profesor honorario de Esade.
