El comercio ilícito está experimentando un fuerte crecimiento y afecta a sectores básicos, de elevada ponderación en la variable de consumo del cuadro macroeconómico y de importancia fundamental para el crecimiento del PIB. Es el caso de los medicamentos, la alimentación o el textil, por citar algunos de ellos. Pero también otros, como el tabaco o el alcohol, con consecuencias graves para la salud y que provocan grandes bolsas de defraudación fiscal.
Es imprescindible contemplar el problema con la visión que requiere y emprender, no acciones tímidas, sino planteamientos valientes que impulsen lo que hoy en día es ya algo trascendente: la fuerte disminución del comercio ilícito.
Es muy importantes que se afronte el problema desde un enfoque integral, como así lo contempla la Administración, adoptando medidas legales, fiscales, policiales y de concienciación social. Pero se carece por parte del Estado de sistemas seguros de verificación y seguimiento de los productos afectados por el comercio ilícito, métodos que sean realmente rigurosos y eficaces. Por experiencias en otros países, como Estados Unidos, India, Brasil o Argentina, entre muchos otros, con la implantación de dichos sistemas la recaudación fiscal puede aumentar hasta un 30 por ciento.
En nuestro país, la adaptación de medidas de control eficaces tendrían como respuesta un aumento de ingresos en el sector del tabaco -uno de los más afectados por el comercio ilícito- del orden de los 400 millones de euros al año.
En mi reciente informe sobre comercio ilícito, promovido por Thinkcom, instituto de estudios adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, se plantea un análisis de las diversas soluciones de control que se han utilizado en la historia reciente, desde una óptica del control fiscal por parte del Estado.
La conclusión principal es muy clara: es imprescindible la aplicación de sistemas de verificación y seguimiento más evolucionados, que denomino de trazabilidad fiscal securizada, que está formada por la combinación y complementación de varios sistemas, siendo la suma de ellos, y su integración, lo que confiere mayor capacidad de información, seguimiento y control por parte de la administración tributaria, de la industria, los canales de distribución y los propios consumidores.
Este sistema reúne todas las características necesarias para reducir con éxito los altos índices de comercio ilícito, y además liberan recursos humanos que podrían ir a reforzar la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, con la creación, esta es mi propuesta, de una "Unidad de Vigilancia Especial", que velara por la correcta puesta en práctica de los sistemas de trazabilidad, según lo estipulado en las regulaciones comunitarias y nacionales , y que explotara los sistemas de inteligencia fiscal de lucha contra el comercio ilícito.
La trazabilidad fiscal securizada es un sistema que vigila el producto desde el conteo en la línea de producción hasta el control en punto final de venta. Ello lo realiza a través de un sistema de marcación segura, de codificación y confluencia de datos en un sistema central de control y visibilidad total a través del país, y cuyos datos almacenados controla directamente el Gobierno. Es un sistema de control automatizado e independiente, controlado por las autoridades y no por la industria. Los códigos fiscales de control aplicados incluyen mecanismos de protección ante posibles copias que pudieran ser aplicadas en productos ilícitos, evitando así su distribución.
Se trataría, de forma resumida, en un auténtico DNI de los productos, unitario, oficial e intransferible. Un sistema sofisticado, y por lo tanto de coste algo superior a otros existentes, pero que con los logros que se obtendrían en términos de retorno fiscal, lo harían altamente rentable para la administración tributaria, y también para la propia industria al reducirse de forma importante las prácticas ilegales.
A través de este sistema, de apostar en definitiva seriamente por la eficacia en el control, se podrán lograr avances importantes en la lucha contra el comercio ilícito. España lo necesita cada día con mayor urgencia.
Andrés Fernández Díaz, catedrátido de Economía de la UCM. Consejero emérito del Tribunal de Cuentas
