La liturgia de presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado ha experimentado un profundo cambio formal. Frente a la imagen del ministro de turno dirigiendo la descarga de tomos y tomos del furgón oficial, hoy aparece un Javier Montoro sonriente entregando el liviano formato electrónico al Presidente del Congreso.
Tamaña evolución, sin embargo, no tiene paralelismo en la retórica de su presentación. Uno de los elementos inalterables del discurso gubernamental lo constituye la aseveración en torno al "marcado acento social" de los presupuestos. En el proyecto del 2015, se nos cuenta que el gasto social total representa el 53,9% del consolidado. Y se afirma que dicho gasto aumenta un 3,7%, aunque en una tipografía más discreta se pueda leer la coletilla "una vez aislado el efecto de la disminución de la política de desempleo", que obviamente nos induce a descubrir el engaño. La realidad es que en las cuentas de Montoro las políticas sociales pierden claramente peso.
Como es bien conocido, la Administración Central concentra el grueso de su actuación en gasto social en dos grandes ámbitos, el de las pensiones y el del desempleo. El comportamiento del capítulo relativo a las primeras es consecuencia de dos factores, en primer lugar del "espectacular" aumento del 0,25% que se les va a aplicar y en segundo del crecimiento de su número así como del aumento de la pensión media. En conjunto se prevé un incremento del 3,3%.
Desempleo
En lo relativo al desempleo, los presupuestos disminuyen un 16,5%, bajo el razonamiento de la disminución del número de parados, que sin embargo y, por desgracia, no alcanza esta magnitud ni tan siquiera los dos dígitos. Todo ello nos está revelando una acentuada reducción de la cobertura de los ciudadanos sin trabajo, por lo cual no parece que sea de recibo presumir del carácter social del presupuesto.
Pero este no es el principal motivo de la escasa sensibilidad social del proyecto de PGE-2015: la responsabilidad del resto de políticas de bienestar social corre a cargo de las administraciones territoriales, y de manera especial de las Comunidades Autónomas. Andalucía, Madrid o Catalunya, por citar a las autonomías de mayor población, dedican alrededor del 80% de sus recursos a ejercer sus competencias en sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, con aportaciones poco significativas y decrecientes desde los Presupuestos Generales del Estado.
Puede afirmarse que el estado de las autonomías ha especializado a las Comunidades en la prestación de dichos servicios de atención y de promoción de las personas.
Son también los Presupuestos Generales del Estado los que establecen la financiación de las administraciones territoriales, tanto en los aspectos derivados de la aplicación de los modelos de financiación vigentes, como a través de las transferencias corrientes aplicables a políticas concretas, como es el caso de la dependencia. Todo el mundo puede comprender que si desde el Estado no se financia suficientemente a las Comunidades Autónomas, se está ejerciendo una actuación directa contra su capacidad de prestar los servicios que tienen constitucionalmente otorgados.
Transferencias previstas
Un somero análisis de las transferencias previstas desde los PGE a las CCAA desde el ejercicio 2012 nos suministra datos muy relevantes. En aquel año la dotación ascendía a 27.740 millones de euros, para el 2015, esta cantidad ha disminuido un 17,9% quedando reducida a 22.772 millones.
Resulta obvio que la mayoría de Comunidades, especialmente las no beneficiadas por mecanismos de reequilibrio territorial, no tienen otro remedio que trasladar el efecto de dichas disminución en forma de recortes en la sanidad, la enseñanza y los servicios sociales. Desde Sevilla, Madrid, Valencia o Barcelona los gobiernos autonómicos deben dar la cara ante los ciudadanos, y acaban condenados ante la opinión pública como unos insensibles gobernantes afamados por constreñir el alcance del estado del bienestar.
Es por este motivo que hay que denunciar, una vez más, el carácter tramposo de la retórica ministerial. ¿Cómo puede calificarse de sociales unos presupuestos que disminuyen la cobertura de los desempleados? ¿Cuánta audacia hay que tener para modelar con malévolas y continuas decisiones un modelo de organización territorial basado en la infrafinanciación de los entes territoriales responsables de prestar los servicios personales básicos?
Cuando una liturgia se reduce a una escenografía para el engaño, sus sermones suenan a falso y sus sacerdotes acaban perdiendo el respeto de los fieles...
Pere Macias i Arau, portavoz de CiU en la Comisión de Presupuestos
Luces y sombras en los PGE
