A lo largo del año, una parte de los principales países de la UE fueron rebajando su nivel de empleo. En España, gracias a algunas actuaciones iniciadas meses atrás y que se siguen continuando, se han obtenido logros importantes, tanto por el fraude que se ha aflorado (1.592 empleos sumergidos), como por las cuotas liquidadas a la Seguridad Social y las multas impuestas a las empresas infractoras. Asimismo, se han aflorado empleos irregulares, se sancionó a las empresas ficticias encontradas y se anularon sus inscripciones. Lo más importante es el aumento del empleo conseguido.
Es obvio que para conseguir estos logros hubo un trabajo que contó con los medios adecuados. Entre otros, se aprobó la tarifa plana de 100 euros, que a mediados de agosto, según el Ministerio, había facilitado la contratación de algo más de 111.000 trabajadores. Esta medida supone una rebaja importante en la cotización que las empresas pueden obtener hasta el fin de este año, si se aplican a nuevos contratos indefinidos. Para las empresas con menos de diez trabajadores las nuevas condiciones se pueden mantener con más tiempo, siempre que se mantengan los empleos mientras se cuente con esta rebaja y no hubiere despidos en el medio año anterior a esa contratación.
En febrero de 2014 se aprobó la tarifa plana de cotización de 50 euros para nuevos autónomos durante los seis meses siguientes al alta y, tras ese periodo, las mujeres menores de 35 años y los hombres menores de 30 años tendrían, durante los 18 meses siguientes una rebaja del 30% en las cotizaciones a la Seguridad Social. En agosto de 2014 el número de nuevos autónomos rondaba las 267.000 personas. Esta cifra podría indicar que una parte relevante de los nuevos contratos se ha hecho con autónomos.
Sector público
En este año el sector público ha dado algunos pasos en el proceso de reducir una parte de las entidades que se han generado en torno a ayuntamientos y diputaciones. El Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas informó, en el mes de agosto, que las Comunidades Autónomas habían superado el número de entidades que se habían comprometido a reducir, inicialmente 508, llegando hasta las 790 en menos de cuatros años. Cuando terminen estos procesos se estima que los ahorros que podrían obtenerse por las bajas netas previstas rondarán los 1.910,7 millones de euros. Si esos recursos quedan en las empresas normales, es obvio que una parte permitirá aumentar el número de sus empleados. Para el conjunto del país se arbitró la tarifa plana de 100 euros para la contratación de nuevos trabajadores indefinidos que facilitó, desde finales de febrero hasta el 15 de agosto, la creación de 111.025 contratos indefinidos. Esta tarifa se mantiene durante los primeros 24 meses, lo que supone un ahorro importante y que, para las empresas de menos de 10 trabajadores, tras esos dos años, se mantiene una reducción del 50%. Esta medida se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2014. Este plazo permite que se genere un conocimiento mutuo entre la empresa y cada trabajador, lo que, en general, insta a continuar con la relación.
En el ámbito de las relaciones laborales hay nuevas opciones. Así, por ejemplo, una persona que haya cumplido con los años laborables y pagado -ella y la empresa- la cuantía que permite percibir los ingresos a que da derecho la jubilación, podría continuar manteniendo el nivel de actividad laboral y los ingresos que venía desempeñando hasta el momento, con lo que percibiría los emolumentos pertinentes sin que la empresa y la persona tuvieran que seguir haciendo pagos a la Seguridad Social y manteniéndose para la persona el derecho devengado por este concepto cuando cese en el empleo. España es uno de los países del mundo con más longevidad, con lo que hay personas que quieren prolongar su recorrido laboral y también hay empresas que quieren que los veteranos estén con los nuevos. Si se reduce el coste, tanto para las personas como las empresas y las administraciones públicas hay un acicate para aumentar actividad y la contratación.
En el actual entorno económico, sujeto a pautas monetarias que escapan al control de las autoridades de muchos países y apremiado por una enérgica competencia, es necesario ajustar en lo posible, lo que se entiende por una persona trabajadora. Así, el número de personas que trabajan no debería limitarse al del número de asalariados que cotizan, sino incluir también a los autónomos y los asalariados que han llegado a la edad en la que, si quieren y la empresa también lo desea, puedan siguen trabajando sin cotizar y sin cobrar de la Administración hasta que decida retirarse.
Joaquín Trigo Portela, director general de IEE
Promesas para después del verano
