Las tensiones actuales con Rusia, aunque parece que nunca llegarán a nada dramático por los intereses que tienen en juego los diferentes contendientes, ponen de primera actualidad el problema del suministro de gas en Europa. Un hidrocarburo esencial para la generación eléctrica y para otros usos, incluida gran parte de la cobertura energética de los hogares.
Es cierto que la UE ha desarrollado con los años un potente entramado de gaseoductos entre los Estados miembros; una estrategia positiva que adolece, sin embargo, de las necesarias redundancias que han de venir de inversiones en capacidad de almacenamiento, y de nuevos terminales para posibilitar el gas licuado de importación, así como la imperiosa necesidad de aumentar la opción de nuevos proveedores.
Es cierto que, en 2007, se puso en marcha un nuevo escenario para posibilitar en la UE un plan común respecto de las necesidades energéticas. Un esquema que ha permanecido dormido por las diversas estrategias de cada país que, como otras en Europa, no acaban de lograr el consenso. Con el resultado de que, aparte de los Estados que se agrupan en la EFTA (European Free Trade Association), además de Noruega que es independiente energéticamente, muchos países europeos son extremadamente dependientes del gas ruso.
Proyecto Nabucco
Aquí entraría por ejemplo, el pretendido proyecto Nabucco, promovido en aquella fecha por el Consejo Europeo, que pretendía traer gas a Europa desde los reservorios del Caspio e, incluso de Irán, a través de Austria, bordeando Rusia. En cambio, en su lugar, el consorcio Shah Denizz II, promovido por Turquía y Azerbaiyán, en combinación con el conducto transadriático (TAP), será quien suministre gas a la Europa Central a partir de 2019. Una solución, promovida por Suiza, que no acabará con la dependencias actuales.
Una falta de coordinación y coherencia en los asuntos energéticos europeos, donde se percibe además la ausencia de una estrategia y, por qué no, del conocimiento de una realidad que condiciona de manera grave la economía europea en su conjunto. Basta ver la dispersión que hay entre las empresas europeas de energía, donde no existe ninguna con el suficiente tamaño, ni con la necesaria visión, que beneficie un proyecto europeo común. Lo que al final deja a Europa en manos de las grandes compañías rusas, cuya estrategia e inversiones son bien conocidas.
Ante esta situación, y con la experiencia de la crisis de Ucrania, sería deseable la puesta en marcha de manera inmediata de una visión paneuropea del gas y, por qué no de la energía eléctrica con acciones perfectamente coordinadas. La primera sería la creación de un operador europeo de gas que, involucrando a los operadores actuales, llevara a cabo la puesta en marcha de un plan a largo plazo y su ulterior gestión.
Interconexiones transfronterizas
En segundo lugar, las imprescindibles interconexiones transfronterizas, no sólo de las infraestructuras de gas, sino también de las eléctricas. Un proyecto inversor que daría además un fuerte impulso a la difícil economía europea, cuyas soluciones no se encuentran únicamente en las políticas fiscales o en las monetarias, de tanto atractivo para los dirigentes económicos actuales. Un proyecto de corte keynesiano no sólo necesario, sino imprescindible, en el que se invertirían varios miles de millones de euros con el consiguiente efecto en el empleo, especialmente en países como España que se verían grandemente beneficiados. Además, nuestro país jugaría un papel esencial facilitando el paso del gas argelino hacia Europa con el gaseoducto Medgaz.
Un tercer aspecto entra de lleno en la regulación. La energía del gas y de la electricidad europea se mueve en islas de intereses que es preciso abatir. En 2010 la Comisión Europea decidió que cada Estado miembro creara una o más infraestructuras como backup alternativo. Sólo 16 de los 28 países han aceptado tal decisión. Se trata, por tanto, de la imperiosa necesidad de contar con un regulador comunitario de gas y electricidad que asegure el suministro en casos de falta del mismo y que, a su vez, de cohesión a las políticas nacionales, cuyos intereses se mueven dispersos y, con frecuencia, en contra de la propia industria, a la que se tacha de penalizar los intereses generales; cuando en realidad el problema viene de la dificultad política para solventar los problemas procedentes de una equivocada regulación o de un mix energético insostenible a largo plazo.
Un requerimiento solicitado hace días por el máximo ejecutivo de una empresa multinacional española que ve como su empresa es penalizada en ciertos mercados por los vaivenes de las políticas nacionales. Y es aquí, a partir del nombramiento de Miguel Arias Cañete como comisario de este estratégico sector, donde entra la oportunidad que tiene España para jugar un papel esencial en su reordenación, para promover unas inversiones fundamentales para la consolidación económica; donde las políticas monetarias actuales no dejan de estimular el carry trade sin que la financiación llegue con fluidez a la economía real.
Eduardo Olier, presidente del Instituto Choiseul España
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