El pasado 31 de marzo acabó el plazo para que los autónomos y las pequeñas empresas se acogieran al criterio de caja, la gran medida del Gobierno para ayudar a estos dos colectivos en este año de recuperación económica. Y, como se preveía, la iniciativa ha sido un completo fracaso.
El criterio de caja, o IVA de caja, es el nombre que recibe una vieja reivindicación del colectivo empresarial y que se materializó a comienzos de este año. A los autónomos y pymes que se acogieran a este régimen fiscal (hasta 2 millones de euros de cifra de negocio), se les permitiría retrasar el devengo de la cuota de IVA repercutida, hasta el momento de su cobro, y también la soportada hasta su pago. Dicho en lenguaje llano, no pagar el IVA de las facturas emitidas hasta que el cliente nos las haya pagado, lo que es, en realidad, uno de los principales problemas que soporta cualquier empresa desde el primer momento que comienza su actividad.
Así planteada, la iniciativa parecía ser un soplo de aire fresco para los pequeños empresarios y profesionales liberales. En un principio, la única desventaja que tenía acogerse a esta medida era que el autónomo se vería obligado a mantener un mayor control de su contabilidad, para tener en cuenta los dos tipos de IVA (el cobrado y el que no), lo cual en cierto modo no deja de ser un problema menor. Pero con el paso del tiempo, a esta dificultad de base se le han ido sumando otras limitaciones que han acabado por convertir el criterio de caja en otro gran engorro administrativo.
Y es que, las limitaciones que lleva consigo el criterio de caja, son numerosas, partiendo del hecho de que solo se pueden acoger a él los trabajadores por cuenta propia que tributen por estimación directa, con lo que quedan fuera todos los que lo hagan por módulos. Uno de cada tres autónomos ya se veía así privado de acceder a este régimen.
Asimismo, esta medida podría ser beneficiosa para los que facturan a grandes empresas... pero tampoco. A estas compañías no les suele agradar trabajar con este sistema porque no pueden deducirse de forma inmediata el IVA y se ven obligadas a esperar para esta triquiñuela legal hasta que abonen los pagos, cosa que suelen demorar hasta límites insufribles para muchos proveedores.
Por si fuera poco, el IVA de caja presenta una serie de rigideces normativas que lo convierten en una auténtica caja de Pandora. Por ejemplo, si un autónomo se quiere dar de baja del sistema no podría volverse acoger a él hasta que pasen tres años. Además, de que aunque no se cobre una factura, el autónomo tendrá que correr con los gastos y pagar el IVA de caja al final del ejercicio posterior, con lo que la norma no hace sino posponer el grave problema de los impagos a proveedores.
Por tanto, y tal y como vaticinábamos muchos expertos, el criterio de caja se ha convertido en un sistema de nula aplicación práctica y con escasa repercusión entre los autónomos y pymes, dos colectivos que no son los más proclives a sumar más complejidades a su ya tediosa contabilidad; menos aún si no hay apenas repercusión real en la cuenta de resultados en forma de ahorro económico o gestión justa de los pagos y tributos.
Así las cosas, y a falta de que se hagan públicos los primeros datos oficiales sobre la adopción del criterio de caja, entre los clientes de Asesor Autónomo apenas un 0,5% se ha suscrito a este nuevo régimen fiscal, un porcentaje que a buen seguro se corroborará con las estadísticas que proporcione la Agencia Tributaria.
Este fracaso del criterio de caja no es más que la última vuelta de tuerca que, desde la Administración, se lleva a cabo con el fin de dar oxígeno a los autónomos y pequeñas empresas, el principal sustento del tejido empresarial español y sin cuya aportación la crisis económica sería aún más profunda y devastadora para millones de personas. Sin embargo, parece que todas las medidas que se toman con esta intención acaban volviéndose en contra de estos colectivos, sumando nuevos errores al dudoso historial del Gobierno en este terreno y más dolores de cabeza a los profesionales que tienen que luchar a diario con las multinacionales, cual David contra Goliat, sin ningún tipo de ayuda o mecanismo de equiparación.
Raúl Guijarro, experto en fiscalidad y director general de Asesor Autónomo.
