Los problemas de nuestros gobernantes con la deuda pública son históricos. Aunque no sea exclusiva nuestra, siempre nos hemos creído un poco los reyes del mambo; que todo lo podemos conseguir sin mayor esfuerzo, ni siquiera el requerido, y todo lo que se nos antoje o consideremos de justicia simplemente lo hacemos, porque sí y sin analizar los costes, que ya se repartirán entre todos. Responsabilidad personal mínima.
Esos problemas duran más de cinco siglos pues, aunque no fue hasta 1557 que se produjo nuestro primer impago o default, la quiebra de las finanzas públicas es muy anterior incluso al "emperador" Carlos I bien por razones de imperio (militares, de guerras u obras públicas), bien por razones de fe o religiosas (de donde también se beneficiaba la corona), de beneficencia (hoy decimos sociales) u otras, lo cierto es que nuestro gasto público a lo largo de nuestra historia ha estado tan por encima de nuestra capacidad de generación de rentas y riqueza -ello vale también para el XVIII y XIX- que esa misma realidad ha contribuido también en cada momento a un cierto retardo o vaivén en la consecución de cotas de desarrollo similares a otros países punteros.
Sin duda tenemos un problema serio de instituciones, incluidas tradiciones, costumbres, normas, esquemas legislativos e ideas (sobre propiedad, responsabilidad personal, cumplimiento de contratos, vigilancia de los mismos y justicia...) que han contribuido y contribuyen a tal situación. Y he hablado de vaivenes porque también, en varias ocasiones, nuestras instituciones, costumbres y culturas han mostrado suficiente flexibilidad o apertura como para superar situaciones realmente difíciles y complejas y colocarnos en posiciones de vanguardia, como les ha pasado a otros muchos países. Pero nuestra mentalidad o cultura sobre el gasto, los déficit y endeudamiento públicos es nefasta para nuestra prosperidad, crecimiento y desarrollo.
Porque si el centroderecha, que actualmente gobierna, muestra no sólo una continua mala conciencia, sino la incapacidad y desagrado a recortar presupuestos públicos, dineros que se extraen de nuestros esfuerzos, ingenios y tareas para gastar en la más variopinta lista de necesidades, empresas, organismos, observatorios, entes, departamentos, organigramas o servicios públicos, todo ello en los tres niveles local, autonómico y nacional, toda formación política que se tilde de izquierdas, empezando por el PSOE, pide más gasto (en sanidad, educación, pensiones, prestaciones por desempleo...) y, por supuesto, más organismos y departamentos públicos para colocar seguidores y potenciales votantes, incluso a costa de déficit y más deuda. Por no hablar de los que, más a la izquierda, pretenden en definitiva y como objetivo alcanzar ese poder, que ahora tienen otros, de manejar nuestras vidas y haciendas y ser ellos "la casta".
Viene ello a colación por nuestras cifras de deuda, déficit y finanzas públicas a mayo, cuya responsabilidad postrera es del gasto público, tras siete años de dura crisis y ajustes por parte de muchos ciudadanos, siendo los dos y medio últimos de auténtico doblar el espinazo para los perceptores de ingresos, sean trabajadores, pensionistas, autónomos o empresarios de todo tamaño. En ese tiempo, casi todos hemos realizado ajustes o renuncias importantes para nosotros y aún estamos donde estamos pero con demoras y aplazamientos en nuestros cumplimientos de déficit y pagos y con una deuda pública que, según los últimos datos, se eleva cada día del año, digo bien, cada día 160 millones de euros, y eso que bajan los intereses.
Con datos de mayo, la deuda del conjunto de nuestras administraciones públicas es de 997.000 millones de euros. Son 14.221 millones más que el mes anterior, 58.200 millones más que hace un año y más de 36.000 millones añadidos de deuda en los cinco primeros meses de 2014. Pero no se preocupen, pues el Gobierno prevé acabar este año no con el 97,2% del PIB, que es el peso de nuestra deuda pública en mayo, sino con el 99,5%, según el Programa de Estabilidad enviado a la CE a finales de abril (los Presupuestos contemplaban un 98,9%). No hay problema, pues las futuras revisiones del PIB incluyendo actividades sumergidas lograrán una corrección estadística adecuada.
Además, los cambios estructurales internos de la deuda pública, iniciados en época de Rodríguez Zapatero y acelerados por Rajoy, han logrado que el 72,2% de la misma, un total de casi 720.000 millones, sea deuda a largo plazo, de manera que esta generación ha logrado que las futuras, que no sólo no lo han votado sino que ni siquiera han llegado a conocer la situación, carguen con nuestros desmanes financieros y de gastos. La próxima vez que cualquier medio de comunicación celebre la colocación de más y nueva deuda, a más largo plazo y a menor tipo de interés, piense que hemos cargado nuestra solidaridad y deseos sobre las espaldas de otros que, además, son o serán sus hijos, nietos y biznietos.
Fernando Méndez Ibisate, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
