El último caso de corrupción conocido hace unos días ha conmocionado a un país que está hastiado de asistir a este tipo de escándalos. Cada vez que se conoce que un político ha tenido dinero fuera durante muchos años, lejos del control de Hacienda, se da un paso más en la creencia ciudadana de que todos los políticos son iguales, y por eso la clase política se ha convertido en uno de los principales problemas del país.
Son varias las razones que llevan a que los ciudadanos tengan una opinión tan negativa hacia los políticos, pero a mi juicio, la más importante es que no se establecen medidas claras y contundentes contra estas malas prácticas. Los casos de corrupción son portadas en los periódicos nacionales e internacionales desde hace mucho tiempo, y sólo en los últimos diez años se han descubierto más de dos mil casos. Pero ¿cuántos habrá que no se descubran? Lo normal es que la gente se pregunte si se puede luchar contra ello y, si es así, por qué no se hace.
La lucha contra la corrupción tiene tres problemas fundamentales. El primero de ellos es que los casos que se descubren se deben a meras casualidades o a denuncias y, ante esto, hay que preguntarse el motivo por el que no son los órganos de control del Estado quienes los descubren, y si existen o no medidas para cambiar la situación. El segundo problema es que una vez descubiertos, las condenas, salvo casos excepcionales, no suponen el ingreso en prisión; e incluso en casos de condena, es posible que posteriormente llegue el indulto del Gobierno. Si hay delito fiscal, el asunto se puede solucionar con el pago de lo que se defraudó más una pequeña multa, pero sin ingreso en prisión.
El tercer, y último problema, es que, en estos casos de corrupción, el dinero está normalmente a buen recaudo en los paraísos fiscales, a la espera de que tarde o temprano llegue una amnistía fiscal. Incluso puede suceder que el dinero se sienta tan seguro en esos territorios, que se desprecie la posibilidad de acogerse a una amnistía, como ha ocurrido con la última aprobada en el año 2012.
Desde luego, si no se adoptan las medidas adecuadas contra esos tres problemas, no se acabará nunca con la corrupción, y la situación se convertirá automáticamente en un efecto llamada. Parece difícil resistirse a la tentación de situar unos millones de euros en paraísos fiscales, ante la casi certeza de impunidad, porque es difícil que se descubra. Además, si ocurre, existen muchas probabilidades de que la única pena que se tenga que sufrir es la llamada pena del telediario. Pero, a cambio, el corrupto tiene solucionada su vida, la de toda su familia y la de las generaciones futuras con esos millones de euros situados a buen recaudo en los paraísos fiscales.
Las medidas para solucionar el primer problema deben pasar por reforzar todos los órganos de control y supervisión, ampliando sus facultades legales de investigación, de sus medios y de su independencia. Un ejemplo de ello es que los organismos internacionales han obligado a modificar la legislación española sobre prevención de blanqueo de capitales, y ahora se establece que hay que vigilar a los políticos españoles y a sus allegados. Hagámoslo de verdad, y que lo reflejado en la norma no se quede en una mera declaración de intenciones.
El segundo problema se solucionaría con medidas legales, como el agravamiento de las penas, cambio del régimen de aforamiento, la imposibilidad de que un imputado siga desempeñando cargos públicos y penas agravadas para los testaferros, entre otras muchas. En los casos de corrupción, el clamor popular es que devuelvan lo robado, sobre todo si es dinero público, y ahí surge el tercer problema, que es la utilización de los paraísos fiscales. En este sentido, miente quien diga que no se pueden adoptar medidas contra los paraísos. La ciudadanía agradecería, sin duda, que a los corruptos no se les deje en paz hasta que devuelvan el dinero robado. De esta forma se les borraría la sonrisa con la que suelen aparecer achacable, con toda seguridad, a la tranquilidad que les da tener cientos de millones de euros en paraísos fiscales.
Medidas para acabar con los casos de corrupción existen, pero si hasta ahora no se han establecido es por falta de voluntad política. Son los políticos quienes deben aprobar esas medidas contundentes para acabar con ese tipo de prácticas. La respuesta a la pregunta que todos nos hacemos, de por qué no se adoptan medidas contra ello, da un poco de miedo y produce muchísima preocupación.
Jose María Peláez Martos, Inspector de Hacienda del Estado.
