Este miércoles tendrá lugar la que, en hipérbole deportiva, llamaríamos la entrevista del siglo. Como se sabe, el presidente de la Generalitat y representante principal del soberanismo independentista, Artur Mas, desarbolado por el inesperado escándalo que está protagonizando el patriarca del catalanismo, Jordi Pujol, se entrevistará con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sustentado por una potente mayoría absoluta, pero gravemente amenazado por una creciente desafección social reflejada en las recientes elecciones europeas, que le anuncia una debacle en las generales del año que viene si no se producen un radical cambio de escenario. Rajoy no se ha dado por enterado, en público, de este magro 26% de sufragios cosechado por el PP el 25-M, pero es evidente que este revés deberá influir, y seriamente, en sus estrategias de futuro.
Las débiles posiciones de ambos interlocutores deberían inducir cierta facilidad al acuerdo, pero es improbable que quienes se disponen a discutir un asunto vinculado a los principios, las convicciones y las identidades muden de criterio a la primera de cambio cuando afrontan el contencioso directamente.
En otras palabras, si la entrevista se plantea como una confrontación entre quien, invocando el principio democrático, reclama el derecho a celebrar un referéndum de autodeterminación, y quien, sustentándose en la Constitución y en los grandes tratados internacionales, niega el ejercicio de ese pretendido derecho que sólo se concede a colectividades emergentes que salen de una situación colonial o asimilada, es seguro que el encuentro admitirá perfectamente la manida metáfora del choque de trenes.
¿Qué hacer, pues, ante estos presagios negativos? Sencillamente, orientar la controversia hacia otra cuestión previa, aunque aparentemente marginal: Mas y Rajoy deberían discutir sobre qué habría que hacer para que el conflicto abierto remitiese y pudiera encaminarse hacia una conciliación que aplacara la sensación de agravio que experimenta una mayoría de ciudadanos de Cataluña, satisficiera al colectivo todavía mayoritario que manifiesta una doble identidad catalana y española, pacificara al sector independentista, pudiera ser apoyada por una significativa mayoría de fuerzas políticas españolas y fuera aceptable por todos los actores del Estado de las Autonomías.
En otras palabras, el acuerdo que deberían buscar Mas y Rajoy en evitación de una ruptura que puede ser traumática si no se derrocha sentido común y se despliegan raudales de buena voluntad, debería versar sobre cómo formular una tercera vía que acabe consiguiendo un apoyo masivo en Cataluña y en el conjunto del Estado.
Si se alcanza esa convergencia procesal, es decir, se coincide en cómo resolver el conflicto sin ruptura, y si se hace gala de una apertura intelectual suficiente, el problema puede darse por resuelto. Las demandas soberanistas pueden encarrilarse añadiendo a la Constitución una nueva disposición adicional que reconozca los derechos históricos. Los vehementes deseos de gestionar directamente la lengua y la cultura catalanas pueden colmarse mediante una reforma constitucional que reconozca tales competencias exclusivas.
El malestar económico suscitado por una exacción considerada excesiva y por un modelo territorial arcaico y subsidiado que se considera anacrónico puede mitigarse mediante una negociación transversal del sistema de financiación autonómica que deje a salvo el irrenunciable principio constitucional de solidaridad.
Por decirlo más claro, si Mas y Rajoy, arropados por una opinión pública que desea masivamente la conciliación y el arreglo, son capaces de llegar a la conclusión común de que el diferendo puede resolverse mediante la negociación y el pacto, el problema estaría controlado y habría razones para el optimismo. En este caso, naturalmente, la entrevista entre ambos líderes dejaría de ser un hecho aislado, significante en sí mismo, y pasaría a convertirse en el primer acto de un proceso negociador muy arduo que deberían emprender los respectivos equipos.
Se desdramatizaría así un encuentro que, tal como fue planteado, resulta muy peligroso, ya que si se consumara realmente el fracaso que ambas partes anuncian, quedarían escasos resortes para evitar un estallido, cuyo primer acto sería el 11 de septiembre y cuyo desenlace imprevisible se consumaría en la fecha fatídica del 9 de noviembre.
Valga, como corolario a esta reflexión, una advertencia más: el escándalo protagonizado por la familia Pujol ensombrece la opción soberanista, pero no debería perder Madrid la perspectiva: la irritación que embarga a muchos ciudadanos de Cataluña, y que se basa en hechos objetivos, poco tiene que ver con el eclipse vergonzante del santón que ha conducido a los catalanes al despeñadero.
Antonio Papell, periodista.
