La compensación vía ingresos que se da a una autonomía tienen un precio que pagará todo el Estado.
Las balanzas fiscales publicadas suponen un interesante despertar de nuestros gobernantes a la metodología económica, metodología sujeta a criterios de determinación de la imputación de gastos e ingresos de las instituciones del sector público en un periodo a un espacio geográfico, algo ciertamente complejo pero apasionante. Las decisiones que se adopten deben comprender que los cálculos realizados están sometidos a un elevado grado de subjetividad, sobre la base de una metodología eficiente hasta cierto punto. Ello supone una ventaja, dado que la posibilidad de manejar los resultados obtenidos puede permitir una creatividad superior incluso a la incorporada en la determinación de tales balanzas.
El despertar de los flujos fiscales en el ámbito político proviene del anterior Gobierno, cuando consideró oportuno publicarlos a fin comprender y contentar políticamente a determinadas CCAA, despertar que seguramente no consideró la dificultad de comprender los resultados y de corregir, en su caso, las injusticias fiscales.
Debemos considerar como la determinación de las balanzas fiscales supone enfrentar los ingresos de una Administración extraídos sobre un espacio geográfico con los gastos aplicados en el mismo sitio; la diferencia entre tales partidas es lo que definimos saldo fiscal. No obstante, debemos considerar como para la realización de determinado tipo de ingresos la Administración suele endeudarse -gran manía de nuestros gobernantes-, deuda que en algún momento, quizá con otro Gobierno, habrá que devolver vía impuestos. La compensación vía ingresos que se produce en una autonomía tiene un precio que en algún momento habrá que pagar y que pagará todo el Estado. Además debemos valorar un aspecto inquietante para los gobernantes regionales: quienes pagan los impuestos son las personas, no los territorios, por lo que nuestro tío de Barcelona que vive en Madrid es el culpable del desequilibrio fiscal por pagar muchos impuestos.
Considerando lo anterior, los métodos más conocidos para la determinación de las balanzas fiscales son dos. En el enfoque carga beneficio los ingresos se imputan al territorio donde residen las personas que soportan su carga, al margen de quién sea y dónde resida el obligado a efectuar el ingreso. Los gastos se imputan al territorio en que residen las personas a las que van destinados los servicios públicos o las transferencias que financian, al margen del territorio en que se producen tales servicios o se pagan las transferencias. En su determinación debe tomarse especial consideración el tratamiento de las operaciones indivisibles como pueda ser la defensa nacional. Persigue valorar los efectos que la actuación de las instituciones del sector público central ocasiona en el bienestar de las personas que residen en dicho espacio.
Por su parte, según el criterio del flujo monetario, los ingresos presentan una doble alternativa: para los ingresos tributarios, el territorio donde tiene lugar el hecho económico generador del tributo; para los ingresos no tributarios, el territorio en el que tiene lugar el hecho económico que motiva el pago a las AAPP centrales. El criterio general de los gastos considera varias alternativas: en el caso de las operaciones de bienes y servicios el territorio donde tiene lugar el gasto. En el caso de las operaciones de distribución (remuneración de asalariados, p.e.), el territorio en el que se efectúan las mismas. Buscamos valorar los efectos que tiene la actuación de la Administración sobre la actividad económica en un determinado territorio.
Los cálculos de las balanzas realizadas hasta el momento revelan la complejidad de su interpretación. A modo de ejemplo, según el primero de los criterios, supondría en el año 2005 para las principales afectadas por la injusticia de una balanza desequilibrada un déficit de -9,13 por ciento sobre el PIB para Madrid, frente a un -6,55 por ciento de Cataluña. Según el método del flujo monetario tales porcentajes fueron el -5,57 por ciento y el -8,70 por ciento del PIB. En este sentido no debemos olvidar como parte del desarrollo de dicho PIB proviene del desarrollo económico de los territorios lindantes, como el hecho de que el desarrollo de la economía española depende de la riqueza de nuestros socios comunitarios.
De la posible interpretación de los resultados obtenidos sería deseable no adoptar decisiones apresuradas, algo que parece nuestro Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha considerado oportuno, si bien por otros motivos. Por salud de nuestras cuentas públicas deberían tenerse en cuenta la complejidad del resultado obtenido y su interpretación, y que la reforma del sistema de financiación no suponga en el tiempo agravios y enfrentamientos entre las Comunidades Autónomas y entre éstas y el Gobierno.