El Gobierno aprobó el pasado 18 de julio el proyecto de Ley de Mutuas. La configuración de estas entidades sin ánimo de lucro proviene de hace más de 100 años. Durante estos 114 años han sufrido muchas y muy profundas modificaciones, han soportado cambios muchas veces descoordinados y era urgente ya que recibieran un tratamiento coherente y conjunto.
Por eso, en 2011 el Pacto de Toledo defendió adoptar medidas de mejora de su eficacia. Eso mismo decía el Acuerdo suscrito el 2 de febrero de 2011 por los interlocutores sociales y el Gobierno. Eso mismo vino a decir la disposición adicional decimocuarta de la Ley 27/ 2011. Y eso mismo señalaba el Plan Nacional de Reformas 2012 presentado por el Gobierno en Bruselas. Y eso mismo se ha dicho por expertos, técnicos y políticos en todos los foros, durante muchos años.
Habiéndose dicho siempre y por todos, sorprende mucho que el proyecto cause ahora esta reacción inmoderada y tendenciosamente alarmista, como si el Gobierno estuviera alterando las esencias intocables del sistema de Seguridad Social.
El proyecto reforma, entre otras variadas cosas, su naturaleza jurídica, la prevención de riesgos laborales, órganos de gobierno y participación, régimen económico, competencias del Ministerio de tutela, patrimonio y régimen de contratación, resultados económicos, constitución de reservas de estabilización y mejora la protección por cese de actividad de los autónomos. La ley hace todo eso y además articula con mayor transparencia la participación de los agentes sociales, incluidos los autónomos, en sus comisiones de control y seguimiento.
Por eso resulta más que asombroso que la opinión publicada obvie las reformas de calado y se centre en que las mutuas controlarán las bajas laborales por enfermedad común desde el primer día. Sobre este aspecto, que es un asunto menor en perspectiva de conjunto, se ha llegado a escribir, con el tono de los poetas clásicos que escribieron sobre el infierno, que "esto supone que los trabajadores tengan que ir enfermos a sus puestos de trabajo si la mutua lo ve conveniente". La frase parece extraída de Virgilio o de algún romance medieval.
Pero la intervención de las mutuas en las altas por enfermedad común no es una visión de Dante, entre otras razones, porque ocurre que las mutuas vienen desde siempre emitiendo altas por accidente de trabajo y enfermedad profesional sin ningún problema y sin que nadie se rasgue las vestiduras.
No hay que decir, claro, que los médicos de las mutuas tienen el mismo código ético que cualquier médico del servicio público de salud. Lo que sí se debe decir es que cada año, más de 315 millones de euros se dedican a conciertos que el INSS firma con las comunidades autónomas para que éstas realicen el control de los procesos de incapacidad temporal que las mutuas no realizan, que el absentismo cuesta 1.650 millones de euros a la Seguridad Social y 5.000 a las empresas y que las listas de espera se reducirán también por esta ley que no se ocupa solo de las altas médicas, que parece el gran caballo de batalla de la opinión publicada, sino de dar tejido nuevo y costuras firmes a unas entidades que llevan más de un siglo reguladas jurídicamente con auténticos remiendos.
Juan Carlos Arce, profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social.
