El Acta Única Europea es la primera gran revisión del conjunto de tratados que constituían la CEE (CECA, EURATOM y CE) a los que sustituye. Entró en vigor el 1 de enero de 1987 y en ella se integraban los seis países fundadores más España, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca y Grecia. Sus objetivos eran un gran mercado sin fronteras, cohesión económica y social, política europea de investigación y tecnología y reforzamiento y construcción de un espacio social europeo.
Nuevamente vuelve a plantearse la necesidad de converger de manera progresiva a la Unión Económica y Monetaria. El ECU aparece como moneda de cuenta. Otras medidas a las que se hace referencia son dos artículos dedicados a la política social definiendo el Espacio Social Europeo, y a la armonización de las condiciones en el medio laboral. Estos dos últimos objetivos fueron prontamente olvidados.
La única referencia que puede darse sobre estas cuestiones es la creación en 1989 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales que también acabó en nada. La respuesta de los Gobiernos a la Constitución Europea del Parlamento a iniciativa de Spinelli consistió en avanzar hacia la Unión Económica y Monetaria dejando casi en hibernación las otras cuestiones de carácter social y también la Política Exterior y de Seguridad Común.
El Parlamento iba por un lado y los Gobiernos por otro. La caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior desaparición de la URSS propiciaron una nueva situación mundial que iba a permitir la aceleración del proyecto en un sentido unidimensional. Los elementos más indicativos que por entonces se manifestaban eran la excepcionalidad en el trato a Gran Bretaña y la creciente influencia, por no decir hegemonía de USA en el mundo y en Europa. Eran los tiempos de Reagan y de Thatcher y de la hoy olvidada crisis de la deuda en Latinoamérica que podía haber sido aleccionadora, pero no lo fue.
Julio Anguita, excoordinador general de IU.
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Sobre la carencia actual de proyecto europeo
