El pasado 7 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó el RDL 4/2014, que introduce modificaciones importantes en la normativa concursal, con objeto de facilitar las refinanciaciones de deuda y evitar así que las compañías se vean abocadas a un concurso de acreedores.
La argumentación que subyace tras la aprobación de este RDL es que, una vez realizada la necesaria reestructuración del sector financiero, las entidades y otros acreedores financieros pueden y deben contribuir al saneamiento de las empresas que, no obstante su elevado endeudamiento, siguen siendo viables desde un punto de vista operativo; es decir, de negocio.
La citada modificación normativa es una muy buena noticia para las empresas españolas, ya que elimina muchas de las limitaciones que la legislación anterior contenía, acercándose ahora la ley a las necesidades reales de las compañías.
Los aspectos más relevantes partiendo de la experiencia práctica son en primer lugar, la comunicación al Juzgado de inicio de negociaciones con los acreedores financieros (el denominado preconcurso, regulado por el ya famoso artículo 5.bis) permite suspender las ejecuciones judiciales de bienes necesarios para la continuidad del negocio e incluso de otros bienes (en este último caso siempre que las negociaciones iniciadas cuentan con el apoyo de al menos el 51% del pasivo financiero).
Hasta el momento, sólo el concurso producía efectos similares. Este nuevo escenario dota temporalmente a las negociaciones de un marco de estabilidad, que permite focalizarse en la propia negociación de la refinanciación y no en ir abordando los problemas que acarrean las sucesivas ejecuciones de los acreedores.
En segundo lugar, se introduce la posibilidad de que la homologación judicial del acuerdo de refinanciación (un mecanismo ya existente que da seguridad jurídica a los acreedores al impedir la rescisión posterior por parte de un juez de este tipo de acuerdos) extienda sus efectos en determinados supuestos a acreedores con garantía real que no lo hubieran suscrito. Con la anterior normativa sólo se podía llegar a arrastrar a un acuerdo a los acreedores financieros disidentes que no contaran con garantía real, lo que hacía prácticamente inútil el mecanismo de arrastre.
Por último, se da un salto cualitativo en cuanto al posible contenido de los acuerdos de refinanciación que resultan homologables (es decir, no rescindibles y extensibles a acreedores disidentes cuando se cumplen los porcentajes pertinentes), incluyendo quitas, capitalizaciones de deuda, conversión de deudas en préstamos participativos, esperas de hasta 10 años, etc. De entre estas alternativas merece mención destacada la capitalización de deudas y la conversión de las mismas en préstamos participativos, ya que ambas opciones son una forma de restablecer el equilibrio patrimonial (y por tanto evitar la disolución) de compañías potencialmente viables pero actualmente muy endeudadas.
Como complemento necesario para que las anteriores medidas tengan un efecto real, la nueva norma encomienda al Banco de España que, en el plazo de un mes, defina los criterios para que las refinanciaciones homologadas judicialmente sean clasificadas como "riesgo normal" por parte de las entidades. Este es un aspecto práctico fundamental, ya que una pieza clave en la toma de decisión por parte de las entidades en relación a las refinanciaciones es el impacto que las mismas tienen en su cuenta de resultados a corto plazo (si refinanciando se liberan provisiones o simplemente no hay que dotar otras nuevas, se facilita mucho la predisposición de las entidades financieras para alcanzar un acuerdo).
En resumen, consideramos que las medidas adoptadas suponen una muy buena noticia para el tejido empresarial español ya que, ahora sí, la ley tiende la mano a las necesidades reales de las compañías.
Sergio Cerdán, socio de Cofivendis.
