Para resolver los problemas que se plantearon en la crisis de deuda de la Eurozona en 2010, no es tan necesario recurrir a nuevas medidas para corregir los fallos internos con que se reestructuró la Unión Monetaria (UM), y que han conducido a dicha crisis, como poner en práctica medidas ya existentes. Antes de que se detectaran las consecuencias de la crisis de deuda, se intentó suplir las graves limitaciones de una UM en la que se habían unificado las políticas monetarias pero se mantenían dieciocho autoridades distintas para las políticas fiscal y económica con tres principios que, según el Tratado de Maastricht (TM), garantizarían la disciplina fiscal.
Para evitar el endeudamiento excesivo de los Estados miembros, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) estableció unas reglas sobre el déficit público. Se añadió, además, la prohibición de la financiación monetaria de los Estados a través de créditos de los Bancos centrales. Y por último, aunque no lo menos importante pero sí lo más difícil de asimilar, se estableció la llamada regla No Bail-out por la que ninguna institución comunitaria y ningún Estado miembro se responsabilizaría de las deudas de otro, porque cada país ha de ser responsable de su endeudamiento.
Lamentablemente con estos principios no se consiguió una política fiscal, acorde con una política monetaria que pretendía mantener la estabilidad de la moneda común y sorprendentemente los grandes países fueron los primeros en burlarlos. En los años anteriores a la crisis de la Eurozona, Alemania superó el límite del 3% del déficit, hasta 7 veces, Francia 8 y hasta 9 Italia. Al mismo tiempo, los países periféricos al encontrarse con una moneda que, a pesar de todo, tenía una consistencia nacional e internacional para ellos desconocida, aprovecharon los bajos tipos de interés para endeudarse en condiciones fuera de lo normal, sin preocuparse de asegurar la rentabilidad de las actividades en las que invertían esos abundantes y baratos flujos de crédito. Y la euforia provocada por estas inesperadas situaciones, provocó también subidas salariales por encima de la productividad, dañando la competitividad de las economías con los consiguientes desequilibrios de la balanza de pagos y originando, por tanto, otra fuente de endeudamiento público y privado. Las medidas con que se hizo frente a la particular crisis de la Eurozona debilitaron el principio de la responsabilidad propia, recurriendo a la responsabilidad comunitaria y poniendo en peligro la regla Not Bail-out.
Tratando de aprender de las experiencias de la crisis se fortalecieron algunas de las reglas fiscales anteriores como el PEC con el Sex Pack, en septiembre del 2011, el Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Orientación,conocido como Pacto fiscal, en enero del 2012, y el llamado Semestre europeo, cuya 4ª hoja de ruta para 2014 se aprobó en noviembre del 2013 y que tenía como finalidad estimular la convergencia económica y recuperar la competitividad perdida. Con estos acuerdos se podría, sin duda, avanzar en la buena dirección pero, para garantizar su efecto vinculante, se necesitaba que la Comisión Europea vigilara estrechamente su cumplimiento por tratarse de reglas que, en teoría, garantizarían la política financiera, complementando la política monetaria, para dar al euro una base estable. El problema está en que, como se ha podido comprobar, ha faltado la presión necesaria para que se llevarán a la práctica.
Este modo de proceder supone que se da por supuesta la elección del fortalecimiento del marco fijado en el TM para llegar a conseguir una organización estable de la UM. Otra posible alternativa supondría avanzar hacia una integración política profunda, lo cual implicaría auténticas renuncias de soberanía, labor por la que no parecen estar, en gran parte, de acuerdo ni ciudadanos ni Gobiernos. Pero para que, por lo menos, la alternativa elegida sea eficaz es imprescindible tomarse en serio, con todas sus consecuencias, el incómodo principio Not Bail-out, pues el que quiera mantener autonómamente la propia soberanía en el ámbito fiscal debe responsabilizarse también de las consecuencias de su actuación en cuanto a un déficit excesivo o a un recurso injustificado ale endeudamiento.
Eugenio M. Recio, profesor honorario de Esade.
