
Se ha tardado más de 10 años en dar una tímida respuesta al mayor proceso de destrucción de tejido empresarial con aumento del desempleo y empobrecimiento, que la mayoría de los países de la Unión Europea ha sufrido en el último siglo, salvados los periodos de las guerras cainitas entre los mismos.
Por fin, ante la presión de los movimiento sociales derivados de los nulos o negativos crecimientos económicos de los últimos años, con sus brutales secuelas de paro, desindustralización y caídas de nivel de renta, derivadas del enloquecido proceso de liberalización financiera y apertura de mercados, sin límite ni control, en el mes de enero se produjeron dos hechos relevantes que parecen marcar un punto de inflexión en el buenísimo político, acomplejado y permisivo que está aceleradamente convirtiendo la Unión Europea en un erial industrial, marcado por millones de parados y poniendo en cuestión no sólo el modelo de Estado de Bienestar surgido en la segunda mitad del pasado siglo, sino también la misma UE.
En ese sentido, la reforma del SPG (Sistema Generalizado de Preferencias) por los "bien pagados y asépticos eurofuncionarios de la Comisión", acuerdo que permitía a los países menos desarrollados, introducir sus productos en la Unión Europea, concediendo ventajas arancelarias sin límites ni contrapartidas, ponía en la misma bandeja países HIPC (Países pobres, altamente endeudados), con países emergentes fuertemente industrializados que sin cortapisas sociales ni fiscales, forzaban dumpings depredadores en su competencia , el ejemplo de China, en mayor medida, e India, en menor, con otros, como Brasil, fuertemente proteccionistas.
Si bien es cierto que salen del Programa 87 países, de los 187 anteriores, no es de recibo ni lógico que un país como China -la primera potencia comercial del planeta y la segunda economía mundial- responsable directa de más del 40% de la desindustrialización y del 30% del paro en la UE, o la India, que la intenta emular, sigan aprovechándose de la excusa de su renta per cápita para sin pudor incrementar exponencialmente el crecimiento de la pobreza y el desempleo en una UE dedicada a mirarse el ombligo y enfrentada a sus fantasmas, miedos y miserias.
Por suerte, los también bien pagados eurodiputados, más sensibles a los problemas reales de sus futuros votantes, han votado en la Eurocámara exigir a la Comisión que aumenten los aranceles de aquellos productos y países que mediante subvenciones encubiertas o malas prácticas sociales o fiscales generen dumping comercial y depreden, sin pudor ni control, las economías europeas destruyendo sus tejidos industriales o de servicios y generando niveles de paro inasumibles, que afectan particularmente a millones de pymes y autónomos que componen la parte más vulnerable del empresariado europeo.
Felipe Carballo Ríos, Doctor en Ciencias Económicas.