En respuesta a quienes proponemos rebajas y reformas integrales del sistema tributario en conjunto, que incluyan una simplificación máxima e igual trato entre contribuyentes, reciprocidad (igualdad ante la ley) entre ciudadanos y Administraciones y la conclusión del modelo de financiación del Estado, pues más allá de las disputas políticas e ideológicas, es el bolsillo de los contribuyentes lo que se afecta, mucha es todavía la opinión pública que insiste en que nuestra presión fiscal es baja, un 32,9% del PIB, incluso dos puntos por debajo de la media de la OCDE.
Además, se añade, que aunque es cierto que el tipo marginal del IRPF es uno de los más elevados del mundo (llega al 56% incluidos tramos autonómicos), el peso real de la recaudación lo sostienen las rentas entre 17.707 y 53.407 euros, que soportan un marginal del 40% y, aún más, que para analizar mejor lo que realmente pagan esas rentas deberíamos considerar los tipos medios y no los marginales.
Pues no. Quienes así razonan se centran en la recaudación fiscal (tipos medios) obviando que son los tipos marginales los que realmente afectan a las decisiones de los agentes privados en un amplio rango que va desde su ahorro, esfuerzo o acumulación de capital humano hasta la manida defraudación fiscal.
Para quienes se centran en la presión fiscal, que en realidad no indica el peso de la fiscalidad sobre la renta de los ciudadanos sino la capacidad de recaudación del Estado (ingresos fiscales de determinados impuestos sobre el PIB), y soslayan el esfuerzo fiscal, concepto que incluye además otros tributos y cargas de los contribuyentes tales como las cotizaciones a la Seguridad Social, cabe apuntar que no parece poco tener que contribuir con el 40% de los ingresos por trabajo -más del 85% del IRPF corresponde a rentas del trabajo- más otros pequeños ingresos del capital o del patrimonio, que eso recoge el IRPF.
Añadan ahora lo que paga un contribuyente tipo, sin grandes -o ningún- otros ingresos, por cotizaciones sociales (alrededor del 30% o 33% de su salario, que no percibe, entre contribuciones del pagador y suyas y eso para un mileurista neto); por IVA, otros impuestos indirectos y por impuestos y tasas especiales (si consume hidrocarburos, energías diversas, alcohol o tabaco); por tasas e impuestos municipales y por impuestos autonómicos de todo pelaje. Y me dejo muchos gravámenes (céntimo sanitario, tasas verdes diversas, etc.)
¿Es baja la presión fiscal?
Nuestro esfuerzo fiscal es, junto con la progresividad del principal impuesto directo (IRPF), de los más elevados de Europa. Problema distinto es que la recaudación de nuestro sistema tributario sea escasa en dos sentidos: es muy ineficiente y reducida en cuantía y base, dada su estructura -de ahí la necesidad de reformas-, y es escasa porque no cubre los gastos. Son dos cosas distintas y la segunda, teniendo en cuenta que nunca en nuestra historia hemos recaudado más del 41 por ciento de nuestro PIB (en 2007, cuando los ingresos públicos estaban falsa y artificialmente hinchados por la burbuja), obliga a abordar el problema fiscal teniendo en cuenta los gastos y la imprescindible reforma de las Administraciones Públicas, a las que en conjunto debería imponerse como tope un gasto del 40% del PIB, aunque opto por un 30%.
Pese a ello, ningún Gobierno ha abordado en serio la cuestión y el actual, cuyos resultados son romos, da incluso por concluidos los ajustes y reformas del sector público con las normas aprobadas que, según fuentes propias, supondrán un ahorro -no una reducción del gasto y de la Administración- de 37.700 millones de euros entre 2012 y 2015. Se mezcla todo: lo que los ciudadanos dejarán de pagar por reducir ineficiencias de las AAPP o duplicidades administrativas, con verdaderos recortes de gasto fruto de tales reformas, que apenas suponen unos 6.500 millones en el período citado.
Por más que extrañe a muchos, máxime cuando hemos visto reducidas nuestras rentas y prestaciones públicas, no ha existido austeridad ni reducciones en el gasto público, que pasó del 45,7% del PIB en 2011 al 47,8% en 2012 y, a expensas de cierres de cuentas, con incrementos en los PGE de 2013 respecto a 2012 del 5,6% en el gasto del Estado central, sin contar con lo que suceda en autonomías o entidades locales. El déficit no se ha reducido en años: 11,1% del PIB en 2009; 9,6% en 2010 y 2011; 10,6% en 2012 y un 7% -sin ayudas a la banca- estimado y maquillado en 2013 a pesar de relajaciones o ayudas de Europa, muchas subidas de impuestos, etc. En septiembre el déficit interanual (octubre a septiembre) era todavía el 10,3% del PIB.
Déficit y deuda públicos no son variables meramente pasivas; son el resultado de una política fiscal y de gasto determinada en pro de no eliminar uno sólo de los momios, prebendas o chiringuitos que el poder público, las autoridades de todos los niveles y partidos, tienen montado en su provecho: nada o poco de reducir el Estado, las actividades que no le son propias y los gastos improductivos, que es la clave y núcleo para acabar de verdad con ese peligroso engaño que vivimos desde 2004 de más gasto, déficit y deuda públicos.
Fernando Méndez Ibisate, Universidad Complutense de Madrid.