
Los mensajes oficiales sobre la futura reforma tributaria que nos espera son calculadamente, diría, confusos y torcidos como para despistar y hacernos creer la posibilidad de una rebaja de impuestos, pese a que en términos globales se producirá una subida de cargas fiscales.
Ya dio pistas el ministro de Hacienda cuando manifestó pretender una reforma que recaude más en el futuro, lo que -dirán algunos- no está reñido con una rebaja de impuestos si consideramos la hipótesis de Laffer, ésa que sostiene que a partir de un determinado nivel de gravamen la rebaja del tipo impositivo puede producir una mayor recaudación, y si, como es palpable en el caso español, la reforma consigue mejorar, por poco que sea, la eficiencia de nuestro sistema tributario global, empezando por el IRPF, de manera que se logre ampliar las bases imponibles (para entendernos, el número de personas que tributan y las cuantías de rentas que lo hacen), lo que permitiría una mayor recaudación incluso con menores tipos.
Pero nada de eso parece estar en la mente o intención del Ejecutivo, a pesar de los mensajes anunciando cambios en los grandes impuestos de España que permitan su reducción "a quienes más lo necesitan" o una reforma a fondo del sistema tributario, dando a entender una alteración profunda del mismo. Todas esas manifestaciones, por cierto, han obviado los detalles, la claridad o la concreción, cada vez que se pronunciaban y han generado aún más sospechas cuando expresamente y con reiteración se ha hablado de bajadas sucesivas o escalonadas sin que sepamos muy bien su alcance o significado real.
Para colmo, más de una distinguida figura del partido en el gobierno ha indicado que una cosa es la propuesta de la comisión de expertos constituida para tal reforma y otra lo que finalmente Ejecutivo y Legislativo consideren o aprueben, dadas las estrategias políticas adecuadas.
Artificio y propaganda
No hay duda de que la reforma se planteará con todo tipo de fuegos de artificio y propaganda: reducciones de algunos impuestos, tipos o tramos impositivos, dejando o incluso subiendo otros; posibles alteraciones en los listados de tipos reducidos o elevados del IVA; posibles cambios sustanciales en las cargas, en las excepciones de los impuestos (exenciones, recargos, deducciones de diverso estilo o tipo, etc.) y novedades legislativas que hasta incluyan nuevos gravámenes o figuras.
Todo eso puede estar en la agenda reformadora. Pero no busquen la reforma que necesita nuestro sistema tributario, que exige un cambio radical de las estructuras impositivas, en el armazón, concepción y formulación legislativa de los diversos impuestos, así como una visión global de la tributación, que incluya también las cargas e ingresos de todos los niveles de las AAPP y su capacidad normativa y de sanción tributaria, que debe complementarse con una revisión estructural y a la baja del gasto público.
Ni siquiera una rebaja general de impuestos, que no sería malo, resolvería los graves y serios problemas de nuestro actual sistema fiscal, como tampoco lo haría el mero retorno a la situación fiscal previa a las subidas, algunas reconocidas como transitorias, aplicadas por el Gobierno desde enero de 2012; y han sido unas cincuenta.
Hay que reducir tipos o gravámenes, sí, pero deben eliminarse figuras impositivas injustas y en cascada (Patrimonio, Sucesiones y Donaciones...), que además tienen importantes repercusiones económicas sobre la actividad, el ahorro y el crecimiento. Hay que simplificar radicalmente todas las figuras, eliminando prácticamente todas las deducciones o exenciones (salvo las muy justificadas en el IRPF), así como la casuística ad hoc, tratando a cada contribuyente por igual (incluida la procedencia de sus rentas, sean del trabajo o del ahorro) y reduciendo los tipos y tramos al máximo (uno, como norma general), tal vez con alguna posible excepción en el IRPF (dos).
Hay que recomponer la idea de progresividad fiscal
Para ello, hay que recomponer la idea de progresividad fiscal que, como indican los trabajos especializados hace ya dos décadas o más, no está tanto en los tipos de gravámenes y las escalas como en los mínimos exentos y dónde se incorporan éstos: en la actualidad, con la reforma de Solbes, los mínimos personales o familiares se tratan como deducciones de cuota en lugar de aplicarse al cálculo de ingresos netos o base imponible, de modo que los contribuyentes pagamos desde el primer euro que ingresamos y de ahí la sensación, real, de que nos están friendo. Hay que equiparar las obligaciones de la Administración, toda, y específicamente de la Tributaria, con las de los ciudadanos (¿por qué los contribuyentes tienen dos meses para cumplir con Hacienda y ésta tiene más, sin recargo, para sus devoluciones? ¿Y qué pasa con las injusticias en el IVA o con las cuantías de las multas en una u otra dirección?). Hay que desechar las maniobras con el IVA o Sociedades y establecer un único tipo aplicable a todos por igual y abandonar el trile fiscal aplicado por todos los Gobiernos, por no hablar de los otros muchos impuestos (cuotas a la seguridad social incluidas, pero también impuestos o tasas autonómicos y municipales) que también perturban y distorsionan todas nuestras decisiones. Continuaré.
Fernando Méndez Ibisate, de la Universidad Complutense de Madrid.