El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, inicia su annus horribilis. Tras 11 exitosos años en el poder, que esperaba coronar con su candidatura a la presidencia, su partido, Justicia y Desarrollo (AKP), se ve sacudido por medidas anticorrupción del fiscal de Estambul.
En diciembre el fiscal ordenó el arresto de más de 50 personas. Varias de ellas, miembros del AKP, del gobierno o familiares de personajes de la política. Renunciaron los ministros del Interior y de Desarrollo Urbano, cuyos hijos aparecen vinculados a un carrusel de contratos y autorizaciones de obras públicas. Para contrarrestar el escándalo, Erdogan destituyó a siete ministros más. Las capturas se extendieron a otras ramas del poder. Algunos legisladores y el gerente del banco Halbank fueron asimismo detenidos.
Hasta un hijo suyo, Bilal, es sospechoso de corrupción. Se trata de su papel en la compraventa de una propiedad gubernamental adquirida a precio de saldo por la Fundación Türgev, a cuya directiva pertenece.
Erdogan se declara víctima de una conspiración apoyada desde el exterior. Sin embargo, más que a un complot internacional Turquía parece enfrentarse a lo que ya se denomina Erdogangate.
El ejecutivo ha propuesto un polémico proyecto sobre el sistema judicial. La controvertida iniciativa gubernamental trata de recortar competencias y subordinar al ministerio de Justicia el Consejo Supremo de Fiscales y Jueces.
La oposición se resiste a un mayor control de los órganos judiciales. Quiere evitar que el gabinete encubra las investigaciones sobre corrupción, soborno, malversación y lavado de dinero.
Debido al rechazo de la oposición - cuyo dilema es que no logra ponerse de acuerdo en los matices - y las protestas de la Unión Europea el Gobierno ha decidido congelar de momento la iniciativa.
Sí ha aprovechado para purgar los cuerpos de seguridad: casi dos mil agentes y miembros de las divisiones anticriminal, antiterrorismo, de inteligencia y otras fueron destituidos temporalmente o trasladados. Y se habla de apartar a otros 1.500 directivos más del Departamento Nacional de la Policía.
Estimaciones del propio ejecutivo indican que el escándalo ya ha causado pérdidas por más de 100 mil millones de dólares.
Este año tendrán lugar tres procesos electorales. Por ello, el presidente, Abdullah Gul, se ha reunido con los líderes de los partidos opositores Popular Republicano, Movimiento Nacional, y el prokurdo Paz y Democracia.
La crisis política es un problema adicional al de orden público padecido hace unos meses, cuando millones de personas se opusieron al estilo autocrático de Erdogan.
Un modelo autoritario
Otra ley que ejemplifica ese estilo autoritario se debate en el Parlamento. Permitiría al Gobierno bloquear páginas web sin necesidad de obtener un permiso judicial. Turquía es ya uno de los países con un mayor control gubernamental sobre Internet. Y se obligaría a las empresas proveedoras a guardar información sobre las actividades online de sus clientes.
Turquía contabiliza además el mayor número de informadores encarcelados: 40 reporteros presos según el Comité para la Protección de los Periodistas.
El partido de Erdogan se caracteriza por el incremento de la intolerancia. Pero Turquía no solo pierde lustre democrático. Tras una época de estabilidad económica se enfrenta a una súbita descapitalización.
Junto a otros mercados emergentes se había beneficiado del aluvión de dólares procedentes de la Reserva Federal norteamericana en su agresiva política de estímulo tras la crisis global de 2008. Esa fórmula ha comenzado a reducirse escalonadamente.
Para contener la fuga y defender su moneda, el Banco Central turco reaccionó ante la inestabilidad en los mercados de divisas con una drástica subida de los tipos de interés: más de cuatro puntos, hasta el 12 por cien, la más alta desde 2010. Sorprende que no se llevara a cabo de manera gradual.
Erdogan, deseoso de mantener el crecimiento antes del ciclo electoral, había pedido al Banco Central no subir los tipos.
Ahuyentar a inversores
La medida puede ahuyentar a los inversores al repercutir en los créditos, la inflación y el consumo. Y no parece que vaya a tener un efecto consistente para frenar el descalabro de la lira turca que rápidamente volvió a flojear. Aumentar el precio del dinero no resuelve los problemas estructurales de la economía.
Las elecciones municipales del 30 de marzo pueden muy bien convertirse en un serio aviso para el AKP. Incluso un plebiscito. El Erdogangate amenaza con poner fin a la carrera política del primer ministro.
Marcos Suárez Sipmann. Analista de Relaciones Internacionales. @mssipmann
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