La movilidad eléctrica está suponiendo para elentorno urbano la herramienta de impulso hacia las ciudades inteligentes en el transporte de personas y mercancías. Así se refleja en el impulso que las ciudades y sus gestores, los ayuntamientos, vienen aplicando para lograr que la movilidad urbana sea un elemento de definición de sus políticas de sostenibilidad.
Cierto es que al vehículo eléctrico lo han ignorado durante décadas, merced a un mundo industrializado cuya movilidad se basaba en la gasolina y el diésel, ajeno a los créditos medioambientales, económicos e, incluso, políticos y sociales que ahora estamos pagando todos con intereses.
No es menos cierto que el vehículo eléctrico ha renacido en medio de un escenario de crisis profunda, no sólo económica, sino también de valores, que ha removido los quebradizos cimientos de una burbuja que sostenía lo insostenible y que ha caído como una losa sobre todos los pilares de crecimiento económico y social.
Al tiempo, la movilidad eléctrica está sometida a un proceso de hemorragia regulatoria, en algunos casos como el que atañe al Real Decreto 647/2011 que regula la figura del Gestor de Cargas del vehículo eléctrico y que encontrará sentido, previsiblemente, en un escenario a 10 años y, por otro, a una coagulación normativa en ejemplos como la ITC BT52, instrucción técnica que establece las reglas de juego en la instalación de puntos de recarga en diferentes escenarios y que cuenta ya por años -vamos por el tercero-, el retraso en su aprobación.
Se prevé que para el primer trimestre de 2014 podría ver la luz, aunque es de esperar que sus promotores -el Ministerio de Industria- sean sensibles a los requerimientos de la gran mayoría de la industria y del mercado, que reclaman en el redactado de esta ITC la inclusión de un esquema inexistente en su borrador, que facilite y abarate la instalación de puntos de carga en viviendas plurifamiliares, pues ello es posible manteniendo criterios de seguridad y eficiencia sin tener que encarecer la misma.
Esta es la batalla que se libra en la aprobación de la ITC BT52, cuyo objetivo principal debiera ser facilitar las cosas al usuario, al propio mercado y promover, al tiempo, la industria del vehículo eléctrico.
Pero, por encima de normas y reglamentos, lo importante es que haya unidad de criterios, única vía posible para que el vehículo eléctrico se posicione no sólo en un escenario de ciudades inteligentes o smart cities, sino de país inteligente o smart country.
La movilidad eléctrica está pasando por la misma curva de implementación que, anteriormente, han experimentado innovaciones tecnológicas como la informática o la telefonía móvil y, a día de hoy, es un reflejo de la madurez que la industria del vehículo, sus componentes y los bienes de equipo asociados a su recarga tiene en España, donde contamos con fábricas punteras en el desarrollo de vehículos eléctricos de dos y cuatro ruedas, con factorías de baterías que invierten decididamente en I+D+i para mejorar rendimiento y densidades y también con fabricantes de puntos de recarga cuya fiabilidad y garantía les ha llevado a exportar a mercados tan lejanos y exigentes como el ruso.
Pero esa madurez se refleja también en el desarrollo de modelos de negocio vinculados al alquiler de vehículos eléctricos bajo demanda, que cada vez están calando más en negocios asociados al reparto domiciliario, en el canal de hostelería, restauración y catering o para el uso de empresas y particulares, con ejemplos notables en ciudades como Barcelona, Sevilla, Madrid, Valencia, Málaga, Córdoba o Bilbao.
También contamos con ejemplos notables en las Islas Baleares, concretamente en Palma de Mallorca y Formentera, y con otros por venir también en las Canarias y que a buen seguro calarán, pues en ningún lugar cobra más sentido el vehículo eléctrico que en entornos insulares donde los recorridos suelen ser menores a 100 kilómetros de punta a punta.
Tampoco quedan atrás flotas profesionales vinculadas a servicios municipales, con empresas que cuentan en su parque con más de 300 vehículos eléctricos para limpieza de parques y jardines, recogida y tratamiento de residuos, pues son las ciudades y sus gestores, los Ayuntamientos, los que más deben apostar por la movilidad eléctrica como estrategia de lucha frente a dos grandes problemas urbanos, como son las emisiones en la propulsión y el ruido en la conducción, este último en especial en servicios nocturnos.
Y ahora el transporte público rodado, que ya tiene un hito en España con el estreno de un primer autobús cien por cien eléctrico de 12 metros en Barcelona -ya existen ejemplos de microbuses eléctricos en ciudades como Madrid, Córdoba, Sevilla o Vigo, entre otras-, mientras se están ultimando los pasos para desarrollar las primeras flotas de taxi eléctrico que darán servicio en las principales ciudades españolas, algo que celebraremos a buen seguro a lo largo de 2014.
Queda mucho por hacer, sin duda, pero el vehículo eléctrico está llamado a ser no sólo una solución de eficiencia energética y de movilidad sostenible para ciudades y países, sino también un motor de crecimiento industrial, de desarrollo social y de generación de empleo que no podemos ni debemos permitirnos ignorar.
Arturo Pérez de Lucia, Director Gerente de AEDIVE.
Artículo de opinión incluido en la edición de diciembre de la revista Energía. Suscríbase gratis.
