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Cataluña: derecho y política

Derecho y política son complementarios, pero no son lo mismo. Se rigen por reglas de juego esencialmente distintas. El referente máximo del derecho es la legalidad, el de la política, el poder. Siendo diferentes son complementarios porque se necesitan mutuamente.

Como un matrimonio de antigua convivencia, se conocen bien, se quieren, se ayudan, a veces discuten y, ocasionalmente, rompen relaciones. La política, en su servicio al poder, llama en su auxilio al derecho, como también se sirve de la negociación, de la diplomacia o de la guerra. Por sus fines y medios será calificada de alta o baja política, pero política al fin y al cabo.

El derecho, por su parte, se sirve de la norma, sea justa o injusta, y de la propia fuerza coercitiva del Estado, que su compañera la política le facilita. Ambos se necesitan y se sirven mutuamente. El derecho es un instrumento cualificado de la política, más que ningún otro. La política instaura sistemas de poder que el derecho estructura y ordena. A su vez, la política acepta subordinar su actuación a las normas del derecho -con lo que se autolimita-, porque a cambio de ello encuentra en el derecho la mejor fuente duradera en el tiempo de su propia legitimación social, así como nuevos instrumentos, más civilizados, para afianzar su objetivo de poder. Pero la relación entre poder y legalidad no es siempre pacífica.

Lo que ocurre en Cataluña

¿Qué sucede cuando hay desavenencias en este matrimonio de conveniencia? Lo estamos contemplando con la actual situación en Cataluña. La política catalana -como todas- se ha apoyado en el derecho para el logro de sus fines, pero ha llegado un punto en el que no acepta que ese mismo derecho en el que se apoyó le marque límites y ponga obstáculos a su nueva aspiración de poder.

No hay de qué extrañarse. Este mismo proceso se ha repetido en la Historia en infinidad de ocasiones cuando un cambio político viene a romper el marco de la legalidad previa y busca generar su propia legalidad. La política dice al derecho: "Ya no me sirves, amigo, te has quedado obsoleto", le abandona y parte en busca de otro compañero. El discurso en torno al proceso de la independencia de Cataluña hay que situarlo en este contexto. Por esta razón, la relación entre los gobiernos catalán y español se asemeja a un diálogo de sordos. La Generalitat defiende la primacía de su nueva aspiración política y está dispuesta al logro de los nuevos objetivos de poder que se ha trazado, superando en lo que sea preciso el marco legal vigente.

"La legalidad actual - viene a decir- nació para servir a otra política, que ya no es la nuestra". La nueva política catalana no necesita justificarse en la ley; su razón es la nueva aspiración de poder de una mayoría popular, ¡ya vendrá, después de conseguida, un nuevo derecho a consagrarla y servirla!, como siempre ocurre.

El Gobierno de España no parece aceptar el desafío que la nueva situación plantea y se empeña inútilmente en responder a la acción política del Gobierno catalán fundamentalmente desde el derecho, alegando razones y límites jurídicos a las pretensiones independentistas- límites que, por otra parte, tampoco termina de concretar en su alcance- mientras la nueva política catalana está ya en otro ámbito - sin perjuicio de que la Generalitat siga utilizando el despreciado marco legal vigente en todo lo que le interese para el logro de su nuevo objetivo de poder.

También responde el Gobierno con declaraciones desde el ámbito de la razón, la moral o el sentimiento, alegando la conveniencia y la bondad de permanecer unidos, como hemos visto en el reciente discurso del Rey. Pero sin éxito, porque ni el Gobierno, que no se desvincula en la percepción pública de los partidos políticos, ni tampoco la Corona, han sabido preservar para sí mismos el patrimonio de autoridad moral que les permitiría ser eficaces en estos ámbitos. Y en medio del laberinto está la ciudadanía española, que se siente, con razón, desconcertada, ante la actuación, o la falta de la misma del Gobierno de todos, que parece no darse por enterado del alcance político revolucionario del desafío histórico planteado.

Carlos de Benito, profesor de Recursos Humanos y Organización de Empresa y vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nebrija.

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scampo
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La "PRESUNTA CONSULTA" y el "PRESUNTO DERECHO A DECIDIR" son INCONSTITUCIONALES

Si quieren cambiar las "normas del juego democrático" primero deben plantear una reforma de la constitución, eso si sería democrático.

Los "DERECHOS ADQUIRIDOS" de las persona están por encima de los "PRESUNTOS FUTUROS DERECHOS" de otro grupo de personas.

Los DERECHOS INDIVIDUALES de las personas que viven en Cataluña y se sientan catalanes y españoles (ADQUIRIDOS a lo largo de generaciones) son anteriores y están por encima de los PRESUNTOS FUTUROS DERECHOS de los independentistas que solo quieren ser catalanes.

En el supuesto "ILEGAL e INCONSTITUCIONAL" de que existiera consulta esto se solucionaría fácilmente:

1 Si una provincia decide seguir en España, sigue en España aunque el resto de provincias quieran independizarse

2 Si un municipio decide seguir en España, sigue en España aunque el resto de municipios de esa provincia quiera independizarse

3 Si una persona o empresa quiere seguir en España, sigue en España aunque su municipio quiera independizarse, pagaría impuestos al gobierno central (o su comunidad de origen) y recibiría los servicios del gobierno central (o de su comunidad de origen)

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