Sólo hay que leer las primeras portadas de los periódicos, o ver los telediarios, pasa saber que España es un país corrupto, en el que el fraude campa a sus anchas, incluido, desde luego, el fiscal. Esta percepción queda confirmada por los 1.661 casos de corrupción política o financiera que actualmente se están tramitando en los juzgados. Las encuestas reflejan que para los ciudadanos la corrupción es el segundo problema de España, después del paro y anterior a la clase política.
Según el informe de Transparencia Internacional, en el último año España ha bajado diez posiciones en el índice de percepción de la corrupción que elabora dicho organismo, siendo el segundo país que más ha bajado. Pero parece que esta "feria" no vaya con los políticos porque hasta ahora no han adoptado las medidas adecuadas para corregir la situación; si bien, se han anunciado o aprobado algunas aisladas que van por el buen camino.
En relación con la corrupción y el blanqueo de capitales, es destacable la modificación reciente de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales que, incomprensiblemente y en contra de las recomendaciones de los organismos internacionales, dejó fuera de vigilancia a los políticos nacionales y sus familiares y allegados, medida que sí ha estado aplicándose para los políticos extranjeros. Ahora se ha modificado dicha Ley para someter a vigilancia a los altos cargos de la Administración, parlamentarios, magistrados del Supremo y Constitucional, embajadores, alto personal militar de las Fuerzas Armadas, parlamentarios nacionales y autonómicos, alcaldes y concejales de municipios de más de 50.000 habitantes. La rectificación llega un poco tarde, pero bienvenida sea.
En 2007, en pleno boom inmobiliario y de casos de corrupción urbanística, los inspectores de Hacienda ya propusimos un plan de inspección a políticos, alcaldes y concejales de urbanismo, un plan que nunca fue visto de buen grado por los políticos. Por lo que respecta al fraude fiscal, uno de los temas que parece que se abordará en la futura reforma de la Ley General Tributaria es el relativo a la ingeniería fiscal. Para quien no entienda de asuntos tributarios, le puedo decir que según la redacción actual de la ley, bajo el título inapropiado y engañoso de "conflicto en la aplicación de la norma" no se sancionan los actos y negocios que sean notoriamente artificiosos, y que no produzcan efectos jurídicos o económicos relevantes, distintos del ahorro fiscal. Dicho de otra forma, no se están sancionando los montajes hechos expresamente para defraudar. Ahora se quiere corregir la situación, imponiendo sanciones en dichos supuestos, pero se tendrá que ver la redacción final de la modificación, ya que cuando se aprobó la Ley en el año 2003 este fue uno de los temas más polémicos, debido a la presión de los llamados lobbies.
No somos iguales ante la ley
Un tema que los inspectores de Hacienda consideramos esencial se refiere a las comprobaciones de las sicav (sociedad de inversión de capital variable). No se cuestiona si es justo o no que tributen las ganancias de las grandes fortunas al tipo del 1%, porque eso es función del legislador, y los inspectores de Hacienda sólo aplicamos las normas aprobadas. Pero cuando se demostró que estas entidades estaban haciendo trampas, es decir, que tributaban indebidamente al 1% sin cumplir los requisitos exigidos en ese régimen fiscal especial, se aprobó una vergonzosa amnistía que supuso, además, la anulación de las liquidaciones que se habían hecho y, para mayor escarmiento, quitaron a los inspectores de Hacienda las competencias para comprobar su régimen fiscal.
En los últimos días se ha efectuado algún anuncio diciendo que nos van a devolver esas competencias, pero mientras esto no ocurra, seguiremos diciendo que no somos todos iguales ante la ley, porque en este caso hay dos varas diferentes de medir en la aplicación de las normas.
Esas medidas, aprobadas o anunciadas pero aún tímidas, suponen un poquito de aire fresco en este cierto olor a podrido que recorre España por todos sus rincones. Pero si los políticos quisieran realmente frenar su descrédito, deberían adoptar otras medidas mucho más eficaces para perseguir el fraude y la corrupción. No se debería amparar, justificar o indultar a los corruptos, aunque pertenezcan a su mismo partido; y, sobre todo, hay que implementar medidas para garantizar que se devuelva a las arcas públicas el dinero robado.
José Manuel Peláez Martos, inspector de Hacienda del Estado.
Penas más duras contra los delitos de corrupción
