La reforma eléctrica es uno de los debates de moda en el mundo empresarial en estos momentos. Reconozcámoslo, a una gran mayoría nos afecta y muchos creemos tener criterio y argumentos para defenderlo a capa y espada, o criticarlo sin compasión alguna, aspecto este último que parece contar con mayor cantidad de cofrades.
En este contexto de debate, he tenido la oportunidad de escuchar al verdadero protagonista realizando una defensa de la reciente reforma, y que a día de hoy se encuentra pendiente de concretarse en el correspondiente desarrollo reglamentario.
He de reconocer que el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, me gustó en su intervención y sostuvo una defensa de la reforma muy sólida y argumentada. Su validez e inteligencia me constaban desde hace tiempo, y he de reconocer que me pareció brillante en esta situación, que podríamos calificar de poco friendly, que diría un súbdito de su majestad británica.
Todos sabíamos que el Gobierno se enfrentaba a un problema de magnitudes colosales: la deuda acumulada por el sistema, como consecuencia del déficit de tarifa, supera los 26.000 millones de euros o, lo que es lo mismo, 2,6 puntos porcentuales del Producto interior Bruto (PIB). Con la regulación anterior, además, dicha deuda continuaba creciendo a un ritmo que superaba los 5.000 millones al año, en otras palabras: medio punto porcentual del PIB. Demasiado. El equipo de Gobierno tenía la obligación de hacer algo y, además, hacerlo de forma inmediata.
Nadal, como todos los gestores en este país, habló del problema ?que se habían encontrado,? y criticó abiertamente la política de incentivos a las energías renovables seguida en los últimos años, hablando del RD 661/2007 como uno de los principales causantes del problema del déficit. En su opinión, se había estado siguiendo una política de ?buenos y malos?, en la que había que dar paso a los buenos al coste que fuera.
Sobre este punto creo que es difícil no estar de acuerdo, fundamentalmente en lo referente a herencias impuestas, pero seamos serios: no es excusa. En España no hemos sabido llevar a cabo un planteamiento serio, estratégico, a largo plazo, sobre qué modelo energético queremos tener. La trayectoria histórica muestra que ese tipo de planteamientos, cuando los hacemos, son pobres y supeditados a los vaivenes de los políticos y a la moda de turno. La decidida apuesta por las renovables se hizo, en su momento, sin medir, o midiendo muy mal, las consecuencias que podría traer sobre los costes del sistema.
Adicionalmente, el regulador no ha sabido estar atento a las señales que le enviaba el sector y su desarrollo: cuando ya en el primer año de aplicación del RD 661 se había excedido en 8 veces las previsiones del Plan de Energías Renovables 2005/2010 para todo el período en lo relativo a instalaciones fotovoltaicas, ¿a nadie se le ocurrió preguntar qué estaba pasando? ¿Estábamos todos ciegos o mirábamos intencionadamente para otro lado en aras de lo políticamente correcto en ese momento?
Es también llamativa la histórica falta de información a los consumidores sobre los costes reales del sistema eléctrico, de tal modo que sólo ahora se empieza a ser consciente de cuánto nos están costando los caprichos de esta política energética, y que nos han llevado a un sistema en el que, hoy por hoy, la capacidad instalada para la generación de energía (102 gigavatios) más que duplica la demanda máxima (45 gigavatios hora).
Las medidas adoptadas por el Gobierno actual es posible que vayan a permitir atajar el problema del déficit a corto plazo, obviando alguna laguna más o menos relevante, como puede ser la supeditación de la parte asumida por Hacienda a la ejecución presupuestaria del año. Sin embargo, no dejan de suponer, por muy bien que se defienda y al margen de planteamientos técnicos sobre si la norma es retroactiva o no, un cambio de las reglas de juego en mitad del partido. Este cambio, al margen del menoscabo que supone a nuestra imagen exterior en relación con la seguridad jurídica de las inversiones, abre dos nuevos frentes, sobre los que Nadal pasó de puntillas:
El primero, la posible responsabilidad para el Estado español derivada de los procesos arbitrales y de reclamación planteada por los inversores afectados por la reforma energética. Podría ocurrir que, en el fondo, no se esté sino dando una patada a la pelota hacia adelante, y en el futuro ya se gestionará el problema cuando nos vuelva, si lo hace, en forma de laudos o sentencias desfavorables.
El segundo, cuál va a ser el impacto en el sector financiero español, que tiene en su activo más de 20.000 millones de euros en financiación a las renovables, y no está para muchos sustos después de los acontecimientos recientes. Recordemos, en relación con este potencial impacto, los rumores que circularon este verano pasado sobre la posible creación de un ?banco malo? específico para estos créditos a las renovables...
Por todo ello, no puedo evitar quedarme con la sensación de que, de nuevo, no hemos puesto más que un parche con la vista puesta en el pasado. Otro parche más a esa herencia recibida, que cederemos a los que nos sucedan y que pone de manifiesto el dicho castellano de ?el que venga detrás, que arree?. Seguimos así sin zanjar un problema que nos impide, hoy por hoy, centrarnos en un proyecto claro y de futuro para el sector eléctrico. En cualquier caso, y como colofón, me gustaría manifestar mi profundo respeto y admiración por todo aquél que, como Alberto Nadal, tenga el valor suficiente para presentarse y ser nombrado secretario de Estado de Energía en este contexto tan sumamente difícil.
Miguel Viejo, Socio de Accuracy España
Tribuna de Opinión incluida en la edición de noviembre de la revista Energía de elEconomista