La economía de Venezuela se encuentra en un estado de caos. Según las últimas encuestas, los venezolanos responsabilizan en primer lugar al Gobierno del desabastecimiento. También del auge del crimen en las calles. El presidente Nicolás Maduro ha logrado que la Asamblea Nacional apruebe una ley habilitante que le otorga durante un año la facultad de expedir decretos y medidas sin necesidad de consulta parlamentaria. Con su discurso grandilocuente y pedante el presidente ha prometido más "mano de hierro" para "el capital especulativo y la burguesía parasitaria" y una "ofensiva estremecedora contra la corrupción".
Maduro afirma precisar esos poderes para agilizar la lucha de lo que denomina "la guerra económica" y la corrupción, elementos a los que atribuye la espiral de inflación (54,3 por cien acumulada en el último año) y la escasez de productos básicos.
La ley habilitante es un mecanismo de gobierno amparado por la Constitución Bolivariana y que ya usó Hugo Chávez. Fue en los años 1999, 2000, 2007 y 2010 cuando decretó hasta 200 reformas legales, nuevas legislaciones para regular la economía y la posibilidad de poner en marcha su modelo socialista de gobernanza.
Pero estos superpoderes son una medida que la oposición considera innecesaria teniendo en cuenta que el Ejecutivo ya controla la Asamblea. Además ha sido conseguido con la cantidad mínima de apoyos exigida y las maniobras para alcanzar el voto decisivo han sido dudosas. La norma que otorga a Maduro la facultad de legislar por decreto fue aprobada por la Asamblea con la estricta mayoría calificada de 99 votos. El oficialismo la consiguió después de forzar la inmunidad parlamentaria de una diputada opositora que fue reemplazada por su suplente oficialista.
La ley habilitante, criticada por considerarse que podría acentuar el modelo de control estatal, brinda asimismo a Maduro la posibilidad de tomar decisiones "efectistas" que le permitirán distraer la atención de los venezolanos de los problemas de más urgencia. Ya el pasado día 8 anunció "inspecciones'" de comercios, que han bajado sus precios "voluntariamente'".
Como ha explicado el líder opositor, Henrique Capriles, desde hace más de una década el Gobierno expropió empresas y tierras y eso no redundó en una mayor producción de alimentos, que ahora son principalmente importados. "La crisis económica se soluciona produciendo, no confiscando ni expropiando, algo que jamás logrará Maduro: poner el país a producir", señaló Capriles. Acorralado por su crisis, Maduro ha denunciado que en una cumbre secreta la Casa Blanca ordenó un plan de "total colapso" de la economía venezolana. Sin embargo, la realidad se empeña en mostrar que el Gobierno bolivariano no necesitaría ninguna ayuda si aquel fuera efectivamente el objetivo del "imperio".
Las políticas de la "revolución" dilapidaron la extraordinaria renta de uno de los periodos más extensos de boom petrolero. Tras esos años desperdiciados la infraestructura está en ruinas y las refinerías produciendo un millón menos de barriles de lo que debería ser la cuota diaria. En el Banco Central las reservas líquidas alcanzan para menos de un mes de importaciones. Y no se olvide que Venezuela importa del exterior dos tercios de todo lo que consume. Aunque el país obtiene cada año 90.000 millones de dólares por las ventas de crudo, esta cantidad no es suficiente a raíz del descontrol de los gastos y de los fondos. Sólo la mitad de los ingresos petroleros se liquidan por la ventanilla del Banco Central. El resto va a Presidencia sin auditorías sobre su manejo y destino.
Todo esto se produce en el marco de una creciente paranoia gubernamental acerca de los "enemigos internos y externos de la revolución" y ante la proximidad de las elecciones locales del próximo 8 de diciembre. Para afianzar la legitimidad y solucionar los ingentes problemas del país, la solución no consiste en una mayor concentración de poder sino en profundizar y fortalecer la democracia.
A la persistente polarización política se añade el riesgo de un grave trastorno social. Un escenario cada vez más probable por el desabastecimiento y la escasez, inflación galopante e inseguridad, y la evidencia de la corrupción en el gobierno. Un descontento generalizado que afecta tanto a chavistas como a los sectores de oposición. Si bien las Fuerzas Armadas -factor crucial de la vida política venezolana- han tratado de evitar las intervenciones que puedan implicar un enfrentamiento con la población civil, un estallido social de alcances imprevisibles puede llevarlas a intervenir.
Marcos Suárez Sipmann, analista de relaciones internacionales. @mssipmann