Pemex es un antiguo accionista de Repsol. Ostenta actualmente un 9,4% de su capital. Se trata del monopolio estatal mexicano responsable de las actividades del petróleo: la exploración y explotación de reservas de crudo, y de su refino. Dada las actividades de Pemex, cualquiera pensaría que es una empresa que aporta grandes beneficios a las arcas del Estado, en tanto que su coste medio de extracción es de unos 7 dólares y lo comercializa alrededor de los 100 dólares.
Sin embargo, precisamente, todos sus problemas nacen de ser una compañía estatal. Nunca se consideró que Pemex debería ser profit-making, sino parte del aparato del Estado mexicano. De manera que su Consejo de Administración está lejos de ser profesional: sus miembros se nombran por consideraciones políticas, ahí participa el ministro de Energía, y el ministro de Finanzas controla toda su actividad económica.
Cuando se comparan los ratios de Pemex con otras compañías del sector se ven rápidamente las diferencias. Sólo un dato: la producción por empleado no llega a los 30 barriles/día, mientras que, por ejemplo, la noruega Statoil está próxima a los 80, Exxon Mobil cerca de los 60, y BP alrededor de 40. De ahí que en el período 2007-2012, Pemex haya perdido unos 30.000 millones de dólares. Un hecho que también tiene que ver con sus esfuerzos fallidos en encontrar crudo en altas profundidades en la zona de Maximino en el Golfo de México, donde lleva invertidos miles de millones de dólares; o los problemas que acarrea en el pozo de Cantarell, que ha pasado de dar más de dos millones de barriles/día a menos de 400.000.
Obsolescencia en el refino
Fracasos que contrastan con los éxitos logrados por Brasil en aguas profundas de la mano de Repsol, o los éxitos de la compañía americana Chevron que lleva años explotando varios pozos en la zona de Maximino fuera de las aguas territoriales de México. A lo que habría que añadir la obsolescencia de la capacidad de refino de Pemex, que necesitará enormes inversiones para ser competitiva en este importante capítulo. Una situación que, en conjunto, obliga a la compañía mexicana a soportar una deuda de 60.000 millones de dólares, a la vez que mantiene enormes contingencias provenientes de su estructura laboral, que cuenta con unos 150.000 empleados. Una estructura cuyas condiciones salariales imponen la necesidad de generar reservas de decenas de miles de millones de dólares para cubrir los planes de pensiones. Todo un difícil panorama para una de las industrias claves de México, cuyo Gobierno había avanzado este verano la puesta en marcha de una serie de reformas que aún están, como se suele decir, en el tintero.
En este contexto, la semana pasada surgió en la prensa la noticia de que Carlos Slim estaría interesado en la compra de un 10% de Repsol. Un movimiento corporativo que, en alianza con Pemex, situaría a esta compañía en una posición de privilegio en la petrolera española. No era un tema nuevo. Hace años, se habló de una alianza de Sacyr con Pemex para hacerse con el control de Repsol, sacar de su puesto al actual presidente y situar en su lugar al antiguo presidente de la empresa constructora. Todo un movimiento que ocultaba más intereses personales que estratégicos, en una empresa que resulta esencial para los intereses españoles.
La entrada de Carlos Slim ha sido desmentida por Arturo Elías Ayub, portavoz del grupo del magnate mexicano. Según sus declaraciones, la información aparecida en el diario español que dio la noticia en nuestro país es falsa: "Pemex no tiene interés en adquirir un número mayor de acciones de Repsol" -dijo-. A lo que añadió la necesidad de que la petrolera mexicana se concentre en sus inversiones relacionadas con la exploración y la producción, a la vez que añadía que Pemex debía reflexionar sobre su posición en Repsol. Un añadido que bien se puede tomar como un "ya veremos lo que hay que hacer". Sin embargo, la estrategia de desarrollo del grupo Slim en Europa es clara: ya intentó la toma de KPN, a fin de debilitar la posición de Telefónica en su estrategia europea, y todo apunta a que seguirá intentando otros movimientos corporativos en industrias clave, sean las telecomunicaciones o la energía. Y aquí entra Repsol y su supuesta debilidad después de la expropiación forzada del Gobierno Kichner. Una intervención política ajena a las más estrictas reglas del Derecho Internacional.
La situación de Pemex, unida a las necesidades expansivas de Slim fuera de sus fronteras y la aparente debilidad de la petrolera española, muestran el típico escenario de ataques y contraataques corporativos. Los desmentidos son, igualmente, síntoma de lo que se encierra detrás de ellos. Una posible caída de Repsol en manos mexjicanas acabaría por terminar una historia de éxito dentro del panorama industrial español. Si tal circunstancia acaeciera, Pemex tomaría el control de los activos de exploración de Repsol a fin de solventar sus enormes problemas en ese campo. El refino, siempre con problemas, acabaría malvendiéndose en trozos. Un escenario que, de nuevo, llama a poner en práctica toda una estrategia de inteligencia económica que, como ya hemos escrito alguna vez en estas páginas, son técnicas que van mucho más allá del lobby tradicional, cuyos resultados suelen ser, en la mayoría, fallidos.
Eduardo Olier, presidente del Instituto Choiseul España
El Gobierno frena a Pemex
