Hace casi 35 años que la primera sociedad de garantía recíproca comenzó a prestar avales en España. Desde entonces, las sociedades de garantía recíproca, las SGR, entidades de carácter financiero supervisadas por el Banco de España, han trabajado en su objetivo de permitir a las pymes el acceso a financiación en condiciones más ventajosas, en cuanto a plazo y tipos de interés, que las que éstas conseguían por sí solas, o en muchos casos simplemente permitiéndoles el acceso a una financiación que de otra forma no obtendrían.
Las SGR forman parte del sistema de garantías, del que también son actores las pymes, las entidades de crédito y las administraciones estatal y autonómica, cada una con una función esencial. Las empresas, necesitadas de financiación para sus actividades, invertir, crecer y crear empleo; las entidades de crédito, concediendo la financiación que necesita el tejido empresarial; y las administraciones públicas, favoreciendo las condiciones para que las empresas activen sus motores de creación de empleo y riqueza y, conscientes del efecto multiplicador del aval frente a la ayuda directa, apoyando a las SGR para el desarrollo de las pymes.
Y en el centro del sistema se encuentran las SGR, un claro ejemplo de colaboración público-privada, con la misión de poner a todos de acuerdo, otorgando su aval ante el banco para que éste conceda financiación a la empresa teniendo en cuenta los sectores económicos estratégicos y de especial relevancia a nivel estatal y autonómico.
Todos ganan
El sistema de garantías no es de suma cero, sino que opera de forma que beneficia a todos sus actores: las pymes, porque obtienen la financiación que precisan, normalmente en mejores condiciones que las que obtendrían en el caso de negociar dicha financiación sin el apoyo de una SGR; las entidades de crédito, porque reciben una garantía con la que asegurar la financiación concedida, trasladando los costes de análisis y de gestión de la operación, así como los riesgos de cobro y fallido, a la SGR; y las administraciones públicas, porque consiguen que las políticas económicas se apliquen eficientemente como consecuencia del efecto apalancamiento que se produce con el aval sobre los recursos que las administraciones públicas aportan.
En la actualidad, con el crédito sin terminar de llegar a las pymes, el sistema de garantías en general, y las SGR en particular, tienen mucho qué decir y qué hacer. Es obvio que no van a resolver el problema de acceso a la financiación existente en España, pero sí pueden contribuir a que el caudal del crédito se incremente y a que se desarrollen proyectos empresariales.
Sin duda, sus valores de profesionalidad y rigurosidad en el análisis de las operaciones a avalar, contando con comités de riesgos integrados por empresarios y representantes de las entidades de crédito y de las administraciones -una vez más un ejemplo de colaboración público-privada-, refuerzan la seguridad en la toma de decisiones.
Nuevos retos a afrontar
Las SGR se encuentran en un momento trascendental en su objetivo de contribuir al desarrollo de la actividad empresarial formando parte del sistema financiero. Además, el entorno regulatorio ha abierto al sector SGR nuevos retos a afrontar. Así, la reciente Ley de Emprendedores determina unos mínimos en el capital y en los recursos propios de las SGR que podría abocar a procesos de integración entre ellas, procesos que deberían tener como finalidad, además de cumplir con la norma, el incremento de la actividad en favor de las pymes, siempre con el acuerdo de las partes involucradas en cada caso.
También es conveniente que las SGR, conjuntamente con la compañía estatal Cersa y con los gobiernos autonómicos, adecúen los acuerdos de reafianzamiento a la situación económica actual, con el fin de dotar al sector de mayor liquidez y agilidad y de reforzar su solvencia, y que busquen alternativas para dar salida a los activos que figuran en sus balances adjudicados como consecuencia de operaciones avaladas fallidas.
Asimismo, se hace necesario en algunos casos la revisión de los productos que actualmente ofrecen las SGR, con el fin de asegurar su alineación con las necesidades de las pymes, por ejemplo en el acompañamiento en procesos de internacionalización, o la financiación para hacer frente a desfases temporales de liquidez.
El sector SGR en España está regulado por la Ley 1/1994, lo que ha permitido la integración y adaptación de la garantía en el sistema financiero, así como la canalización de las políticas de estado y la definición de las reglas del juego entre los participantes en el sistema.
Es un sector sólido y solvente, que integra a las pymes en el sistema financiero permitiéndoles acceder a financiación en mejores condiciones de tipo de interés y plazo, a la vez que puede hacer disminuir las necesidades de provisión y el consumo de recursos propios por parte de las entidades de crédito en función de la ponderación del aval. Por todo ello el sistema de garantías aporta valor al sistema financiero y ha de ser considerado ahora más que nunca.
Francisco Rabadán Molero, socio responsable de la prestación de servicios a Sociedades de Garantía Recíproca de KPMG en España.
