Por fortuna la prima de riesgo de nuestra deuda soberana ha bajado de forma muy considerable. Bajó por debajo de la italiana y en los últimos días van más o menos parejas, turnándose por encima y por abajo. La explicación que aparece en la prensa de este fenómeno, pienso yo acertada, es la estabilidad del Gobierno de España gracias a la mayoría absoluta del partido gobernante frente al desbarajuste de la jaula de grillos en que se ha convertido la política italiana.
La Nueva Economía Institucional, uno de los programas de investigación más fructíferos en economía, nos ha enseñado que las diferencias en el éxito económico de los países obedecen a la calidad de sus instituciones, a las reglas que influyen en cómo funciona la economía y a los incentivos que motivan a los individuos. Por desgracia, el marco institucional español se encuentra zarandeado por una serie de problemas que afectan a la Corona, al Gobierno, a la oposición y a la organización territorial del Estado.
Por lo que se refiere a la Corona, además de algunos comportamientos controvertidos del monarca que le obligaron a disculparse públicamente, la institución se halla salpicada por la tibieza ante el escándalo Urdangarin, del que es muy difícil desligar a la infanta Cristina.
Por lo que se refiere al Gobierno, se encuentra bajo sospecha por el caso Bárcenas. La oposición en su conjunto no parece que tenga más proyectos que desgastar al Gobierno sin otras miras que derribarlo, mejor antes que después, sin que se les pase una sola idea por la cabeza que pudiera mejorar las ya de por sí escasas del Gobierno.
Este panorama tan poco alentador se ve agravado, ante la laxitud general en el cumplimiento de las leyes, por los desafíos separatistas de los dirigentes del País Vasco y Cataluña, pero sobre todo de Cataluña. Y digo laxitud en el cumplimiento de las leyes porque nadie quiere explicar cuáles serían las consecuencias para las dos autonomías en cuestión de persistir en sus afanes soberanistas e independentistas, saltándose, como están amenazando, los preceptos constitucionales vigentes, consecuencias que no serían otras que la aplicación sin contemplaciones del artículo 155 de la Constitución Española.
Pero lo más grave es que la opinión generalizada se opone a aquella aplicación simplemente porque no se tiene conciencia de las consecuencias del incumplimiento de las leyes.
Nuestros políticos parecen ignorar que "el Estado está inexorablemente entrelazado con las instituciones económicas, como responsable de la ley y el orden, de garantizar la propiedad y los contratos y (...) como proveedor clave de servicios públicos", como recoge el texto de Acemoglu y Robinson, Por qué fracasan los países (2012). Pues bien, nuestros gobiernos no garantizan el cumplimiento de la ley, pero tampoco se cumple el contrato constitucional.
Y, ¿qué podemos decir de los servicios públicos? El recorte fácil está afectando a la columna vertebral para el funcionamiento del Estado, que son los funcionarios. Los funcionarios, además de sufrir en su propia carne los rigores del ajuste, tienen que soportar los insultos de mediocres cuyo único mérito ha sido trepar a la sombra y en los pesebres de algún partido político.
Tarde o temprano... 'pagaremos' los recortes
Es un insulto a la inteligencia que alguien que fue incapaz de pasar más allá del sexto curso de bachillerato, desde una televisión de la Conferencia Episcopal se atreva a criticar a los funcionarios que, además de sus titulaciones superiores, superaron oposiciones rigurosas y públicas y, por tanto, competitivas, o de tertulianos que serían incapaces de superar cualquier proceso de selección competitiva. Pero está en peligro otra de las funciones fundamentales del Estado, que señala el texto de Acemoglu-Robinson, esto es, como proveedor clave de servicios públicos.
Mientras sigue sin ponerse coto a ese saco sin fondo en que se ha convertido la disparatada organización territorial del Estado, ese recorte fácil está afectando de forma muy negativa a la formación del capital humano del país, esto es, los recortes en Sanidad y Educación. El deterioro que están sufriendo estos servicios fundamentales es muy probable que a medio plazo lo paguemos muy caro. A parte de los efectos negativos que ya se están manifestando en la cohesión social, el deterioro de la enseñanza, en general, y de la investigación, en particular, va a tener consecuencias irreparables sobre los avances tecnológicos.
Es sarcástico que desde los poderes públicos nos estén mareando constantemente con la innovación y los emprendedores y, por otra parte, los recortes se estén cebando con los fondos destinados a la investigación, que es la fuente fundamental de la innovación y de los avances tecnológicos; avances que a su vez determinan los aumentos de la productividad y el crecimiento económico.
Victoriano Martín, Catedrático de Historia del Pensamiento Económico. URJC.